Villarruel acusa a Bullrich de “vender el país” por la Ley de Tierras
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Un fuerte enfrentamiento político sacudió a La Libertad Avanza en el Senado a partir del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, iniciativa que incluye un capítulo clave sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, de impulsar una sesión para “vender el país” y de desestimar el impacto que la norma podría tener sobre la integridad territorial.
El cruce se produjo a través de mensajes de WhatsApp, poco después de la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026. En ese contexto, Villarruel propuso postergar la sesión prevista en el Senado, pero se topó con la negativa del oficialismo, decidido a avanzar con el debate del proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según trascendió, la titular del Senado cuestionó la oportunidad política de sesionar inmediatamente después del partido y apuntó contra el contenido del proyecto. “Quieren vender el país; la integridad territorial no les importa”, lanzó Villarruel, al señalar particularmente el capítulo que flexibiliza la compra de campos por parte de inversores extranjeros. Desde el oficialismo, Bullrich replicó que el objetivo es “cambiar el país” y promover el desarrollo económico, negando que la iniciativa habilite una venta indiscriminada del territorio nacional.
Qué plantea el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”
La propuesta del Gobierno elimina los límites generales actualmente vigentes para la adquisición de tierras rurales por ciudadanos y empresas extranjeras, y traslada a las provincias un rol central en la autorización de las operaciones. El texto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o compañías con participación estatal foránea compren campos, aunque prevé una excepción si cuentan con aval del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo nacional.
En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, la operación deberá ser autorizada tanto por la provincia como por la Nación. Además, se incorpora la figura del silencio administrativo: si en 180 días no se registran objeciones de las autoridades competentes, la compra queda automáticamente autorizada y el adquirente pasa a ser propietario pleno.
El proyecto también introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. En cuanto a desalojos, prevé un procedimiento más rápido para inmuebles usurpados o en manos de tenedores precarios, permitiendo al juez ordenar la restitución inmediata cuando considere verosímil el derecho del propietario. Respecto de las expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y se limita al 30% la indemnización por lucro cesante.
Fuego cruzado político y debate por el modelo de país
El capítulo de tierras se convirtió en el eje del enfrentamiento interno. Villarruel advirtió que, lejos de promover el desarrollo, la iniciativa se discute en un contexto de recesión, cierre de pymes y aumento del endeudamiento de las familias, y criticó que “se gobierne desde los despachos” sin recorrer el interior profundo. Bullrich, en cambio, sostuvo que los argentinos desean dejar atrás el “subdesarrollo, el populismo y la pobreza” mediante reglas más favorables a la inversión.
- Villarruel acusa al oficialismo de “rifar” el país y relativizar la integridad territorial.
- Bullrich defiende el proyecto como una herramienta para atraer inversiones y “desarrollar el país”.
- El texto flexibiliza la compra de tierras rurales por extranjeros, con intervención provincial y nacional.
- Incluye reformas en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
“A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, le respondió Villarruel a Bullrich, en uno de los pasajes más tensos del intercambio revelado.
La disputa expone diferencias de fondo dentro del oficialismo en torno al modelo de desarrollo y al alcance de la apertura a la inversión extranjera. El proyecto ya había sido postergado en el Congreso por la resistencia de bloques opositores y sectores dialoguistas, y el Gobierno volverá a la carga en el Senado en busca de los votos necesarios para aprobar una de las iniciativas más sensibles de su agenda legislativa.
