Causa Argentina Salud: claves de una investigación en marcha
NewsITe
La investigación judicial sobre la empresa Argentina Salud, señalada como responsable de una red de clínicas truchas en González Catán, atraviesa una etapa clave. A más de un año y medio de la denuncia inicial, la causa se consolidó como un expediente complejo que busca desentrañar el funcionamiento de una presunta organización ilícita vinculada a la atención médica irregular.
Fuentes judiciales indicaron que en los próximos días se esperan resultados de pericias consideradas centrales, así como la incorporación de nuevas querellas y acusaciones. El objetivo de los investigadores es reconstruir con precisión el alcance del entramado delictivo y determinar todas las responsabilidades penales.
La causa se inició en diciembre de 2025, cuando la médica esteticista Romina Neira advirtió que en la clínica Argentina Salud se utilizaba un sello con su nombre sin autorización. Lo que comenzó como una denuncia por falsificación de identidad profesional derivó en el hallazgo de una estructura mucho más extensa de presuntas maniobras ilegales vinculadas a la salud.
Actualmente están detenidos cinco imputados: Noelia Luna, Alberto Santarceri, Nicolás Santarceri, Brian Santarceri y Gabriel Musse. Sobre ellos pesan, hasta el momento, 15 hechos concretos en la causa, aunque los investigadores no descartan que esa cifra aumente a medida que se analice la documentación secuestrada en allanamientos, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al expediente.
Querellas, víctimas y el caso de una muerte en investigación
En el último tramo de la causa se sumaron varias querellas de personas que denunciaron haber sido perjudicadas tras atenderse en la clínica. Entre ellas, se destaca la presentación de Lucas Damián Navarro, hijo de Héctor José Navarro, quien falleció el 4 de enero de 2026 en una Unidad de Pronta Atención (UPA), luego de haber sido atendido en la guardia de Argentina Salud.
Ese fallecimiento es hoy uno de los ejes más sensibles del expediente. La justicia avanza con pedidos de informes a organismos médicos y sanitarios para determinar si hubo mala praxis, demoras, irregularidades en la atención o condiciones inseguras vinculadas al funcionamiento de la clínica investigada.
La defensa de los acusados solicitó en su momento la excarcelación de todos ellos, pero la justicia rechazó el planteo y confirmó las prisiones preventivas. Con el correr de los meses, los imputados fueron separando sus patrocinios legales, y actualmente la familia Santarceri-Luna –incluidos los hijos Brian y Nicolás– cuenta con distintos abogados, en una estrategia destinada a diferenciar grados de responsabilidad.
Declaraciones, médicos involucrados y situación actual
El 25 de junio declaró Noelia Luna, quien intentó despegarse del núcleo de la maniobra y responsabilizó a su pareja, Alberto Santarceri, señalado por los investigadores como presunto líder de la organización. La mujer también pidió prisión domiciliaria para hacerse cargo de sus cinco hijos menores, dado que ambos progenitores permanecen detenidos.
Las autoridades judiciales aguardan además la posibilidad de que los hijos de Santarceri amplíen sus testimonios de manera voluntaria, a fin de aportar datos sobre el funcionamiento interno del grupo.
En una primera etapa del caso también fueron detenidos dos médicos extranjeros, acusados de participar del esquema. Sin embargo, posteriormente fueron sobreseídos. Sus declaraciones resultaron relevantes para comprender el trasfondo de la estructura: uno de ellos afirmó ser médico en Bolivia, aunque sin habilitación para ejercer en la Argentina, y relató que fue contactado por una colega que lo vinculó con Santarceri, quien le habría entregado el sello de otro profesional –el doctor Gonzalo La Torre– y una oficina en Virrey del Pino.
- Según su testimonio, salían en ambulancia con certificados previamente sellados.
- Aseguró que le pagaban alrededor de $80.000 por cada guardia de 24 horas.
Otra declaración clave fue la de una mujer que dijo ser médica en Cuba pero no habilitada en el país, y que habría atendido pacientes utilizando un sello provisto también por Santarceri. Para el Juzgado, la condición de extranjeros sin regularización plena y la situación de vulnerabilidad de estos profesionales fueron factores que los dejaron expuestos a posibles abusos por parte de la organización, motivo por el cual se resolvió su sobreseimiento.
“La investigación está en pleno desarrollo. La dificultad viene de la inmensidad del delito, y el objetivo es imputar de forma extensa todos los hechos posibles a los acusados”, señalaron fuentes vinculadas al expediente.
Con pericias en curso, nuevas querellas en formación y un caudal de prueba documental en análisis, la causa Argentina Salud se proyecta como uno de los expedientes sanitarios y judiciales más delicados de los últimos años, con impacto directo en el debate sobre el control estatal y las garantías de seguridad en la atención médica.
