Sesión clave en el Senado antes del receso invernal
La Libertad Avanza busca asegurar esta semana una sesión decisiva en el Senado antes del receso invernal, con un temario que combina una profunda reforma en materia de propiedad privada y la aprobación de una treintena de pliegos judiciales, incluido el del camarista Víctor Pesino. El oficialismo acordó el orden del día con los bloques dialoguistas en la última reunión de Labor Parlamentaria, pero aún persisten dudas sobre el quórum por las vacaciones de varios legisladores.
El proyecto central, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo numerosos retoques durante el debate legislativo. La versión que llegó al recinto dejó afuera el capítulo sobre la ley de barrios populares y reescribió los apartados referidos a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. El texto se convirtió en uno de los ejes de la agenda económica y productiva del Gobierno, que insiste en atraer inversiones y dar “seguridad jurídica” a la propiedad.
En paralelo, la sesión incluye la discusión de 36 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien cumple 75 años el 27 de julio y requiere aval del Senado para continuar en el cargo. Anticipándose a una eventual demora, el magistrado presentó un amparo para garantizar su permanencia más allá del límite etario previsto en la Constitución. El oficialismo aspira, con este paquete, a completar 110 designaciones en los últimos meses, en un Poder Judicial que arrastra unas 300 vacantes.
Propiedad privada y compra de tierras por extranjeros
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen de tierras rurales. La iniciativa elimina los topes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y traslada a las provincias la facultad de autorizar o rechazar cada operación. Sin embargo, se mantiene una prohibición expresa para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal adquieran campos, salvo que exista una autorización conjunta de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
El texto ratifica que cada provincia conserva jurisdicción plena sobre su territorio, de acuerdo con la Constitución Nacional. En zonas de frontera, cualquier transferencia a extranjeros requerirá aval tanto de las autoridades provinciales como del Gobierno nacional, e incluso del Congreso en ciertos casos. Además, se incorpora la figura del “silencio administrativo”: si en 180 días no hay objeciones formales de Nación ni de las provincias, la operación quedará automáticamente firme y el comprador será considerado propietario de pleno derecho.
Pese a la flexibilización general, se mantuvieron restricciones a empresas privadas con capital extranjero para expandir su dominio sobre extensas superficies rurales y la obligación de contar con autorizaciones especiales en áreas estratégicas. Este equilibrio, señalan en el oficialismo, busca combinar el ingreso de divisas con salvaguardas en materia de soberanía y control territorial.
Desalojos exprés y nuevas reglas para inquilinos
Otro apartado controvertido es el que modifica el funcionamiento de los desalojos. El proyecto habilita un mecanismo acelerado —definido por sus críticos como “desalojo exprés”— para inmuebles usurpados o tenencias precarias. En esos casos, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del bien si considera verosímil el derecho invocado por el propietario, quien deberá presentar documentación que acredite su titularidad y prestar una caución juratoria.
En el caso de inquilinos con deudas, se establece un procedimiento específico: el propietario deberá enviar una carta documento o notificación electrónica, otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación desde la recepción del aviso. La comunicación deberá indicar con precisión el lugar de pago. Si vencido ese plazo persiste el incumplimiento, el dueño podrá iniciar la acción de desalojo, con un trámite que se intentará resolver en diez días hábiles.
La norma también dispone que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque queda habilitado a dejar asentado que subsisten deudas que reclamará luego por vía judicial. Cuando en la vivienda haya menores de edad o adultos en situación de vulnerabilidad, el juez estará obligado a dar intervención a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, fijando un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin frenar el avance del proceso.
Pliegos judiciales bajo la lupa del Senado
La votación de los pliegos judiciales promete sumar tensión política. Además del caso Pesino, figura la designación de Juan Rodríguez Ponte —ex secretario del juez de la Corte Suprema propuesta, Ariel Lijo— para un juzgado de Lomas de Zamora, que tendría a su cargo causas de alto impacto público, como la investigación sobre el ex intendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. La oposición evalúa el paquete completo y podría intentar negociar apoyos cruzados o modificaciones en el temario.
Para el Gobierno, lograr la aprobación del proyecto de propiedad privada y de los pliegos significaría cerrar el primer tramo del año legislativo con un mensaje de fortaleza política, en un contexto económico y social todavía marcado por la recesión y la presión sobre los ingresos. La incógnita, hasta el momento, pasa por si el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para abrir el recinto en plena antesala del receso invernal.
