La investigación sostiene que ofrecía supuestos puestos de trabajo en organismos estatales a cambio de dinero. Las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad.
Una empleada del Poder Judicial de Misiones quedó bajo investigación por una presunta estafa que habría afectado a 17 personas, a quienes les habría prometido puestos de trabajo en distintos organismos públicos a cambio de importantes sumas de dinero. Según la causa, el perjuicio económico supera los 9,5 millones de pesos. La mujer se negó a declarar el lunes ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2026. En ese período, la acusada habría contactado a las víctimas a través de WhatsApp para ofrecerles supuestas vacantes en la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai), la Municipalidad de Posadas y otros organismos estatales.
Según el expediente, solicitaba pagos de aproximadamente 500 mil pesos para acceder a contratos temporarios y de un millón de pesos para ingresos a planta permanente. También pedía fotografías de la documentación personal y requería que el dinero fuera transferido a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre, mientras aseguraba que las incorporaciones se concretarían en poco tiempo.
Víctimas en situación de vulnerabilidad
La mayoría de los denunciantes reside en la zona oeste de Posadas y atravesaba una situación de vulnerabilidad por la falta de empleo. De acuerdo con la investigación, varias personas vendieron animales de cría, materiales de construcción o recurrieron a préstamos informales para reunir el dinero exigido.
Una de las damnificadas incluso realizó una importante transferencia correspondiente a ella y a sus dos hijos mayores. Además, a mediados de mayo, la acusada habría mantenido un encuentro presencial con varios de los afectados, donde volvió a asegurar que los ingresos laborales estaban próximos a concretarse. Sin embargo, al consultar directamente con los organismos públicos, comprobaron que no existía ninguna gestión vinculada con esas supuestas contrataciones.
Cuando comenzaron los reclamos, la mujer habría solicitado nuevas transferencias bajo el argumento de que devolvería el dinero una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos. Poco después, dejó de responder los mensajes y las llamadas.
La investigación
La denuncia fue presentada el 23 de junio por el grupo de damnificados. Como parte de la causa se incorporaron conversaciones de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias que, según la investigación, respaldan las acusaciones.
Entre los mensajes aportados al expediente figuran frases como: “Junten el máximo (de dinero) que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta (permanente)” y “Buenos días señor, usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo”.
El representante legal de las víctimas sostuvo que los denunciantes “literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos” y afirmó que la acusada “se metió con gente que estaba en situación de vulnerabilidad”.
