El Gobierno prorrogará la emergencia en el sector energético

Extienden la emergencia energética para garantizar el suministro

Torres y redes de alta tensión del sistema eléctrico argentino

NewsITe

El Gobierno nacional prepara un nuevo decreto para extender la emergencia en el sector energético, con el objetivo de asegurar la culminación de obras de infraestructura clave y garantizar el suministro de electricidad y gas en todo el país. La medida, que se publicaría en el Boletín Oficial en los próximos días, dará continuidad al marco excepcional vigente desde 2023.

Según trascendió en ámbitos oficiales, la decisión apunta a sostener las facultades especiales de los organismos competentes para adoptar medidas que preserven la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. La prioridad es evitar interrupciones en el abastecimiento y reforzar la capacidad de almacenamiento en un contexto de alta demanda y fragilidad de la red.

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El último antecedente normativo es el Decreto 370/2025, fechado el 30 de mayo de 2025, que prorrogó la emergencia eléctrica hasta el 9 de julio de este año. Esa disposición, a su vez, extendía una declaración de emergencia que originalmente regía hasta el 31 de diciembre de 2024 y que luego fue prolongada hasta el 9 de julio de 2025, con posibilidad de mantenerse por un año más.

Fundamentos de la prórroga y contexto económico

En los considerandos de los decretos previos, el Poder Ejecutivo sostuvo que persisten las condiciones que motivaron la declaración inicial de emergencia energética. Allí se señala que la actual gestión recibió una “herencia institucional, económica y social gravísima”, lo que obliga a mantener medidas excepcionales para estabilizar el sistema y garantizar el acceso a los servicios esenciales.

En ese marco, la continuidad de la emergencia se presenta como una herramienta para acelerar proyectos de inversión, facilitar la ejecución de obras estratégicas y ordenar el esquema de subsidios, en un escenario marcado por la necesidad de reducir el déficit fiscal sin desatender a los sectores más vulnerables. Fuentes del sector anticipan que el nuevo decreto podría incorporar lineamientos adicionales para el mediano plazo.

Cambios implementados: almacenamiento y subsidios focalizados

Entre las medidas ya adoptadas por la administración de Javier Milei se destaca la licitación conocida como “Alma SADI”, orientada a incorporar centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías. Estos sistemas, técnicamente denominados BESS (Battery Energy Storage System), están diseñados para reforzar la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir la probabilidad de cortes de luz ante picos de demanda o fallas en la generación.

La Secretaría de Energía adjudicó recientemente contratos para la provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante estos sistemas de almacenamiento. El objetivo es cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y disponer de una reserva de respuesta rápida, un componente cada vez más relevante en redes eléctricas con alta variabilidad en la oferta.

Otro eje central de la política oficial es la implementación de un esquema de subsidios energéticos focalizados, que comenzó a regir a inicios de 2026. El Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas, y establece bloques de consumo base para la energía eléctrica según tipo de usuario y región.

Para administrar este régimen se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se apoya en la información previa del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). La meta oficial es concentrar la ayuda estatal en los hogares y actividades que realmente la necesitan, al tiempo que se avanza en una corrección gradual de las tarifas.

La extensión de la emergencia busca dar margen normativo para completar obras, fortalecer el sistema de almacenamiento y afinar el esquema de subsidios en un sector considerado crítico para la recuperación económica.

Con la nueva prórroga, el Gobierno apuesta a ganar tiempo para consolidar estas transformaciones en el sector energético, mientras el mercado y los usuarios permanecen a la espera de definiciones sobre el sendero futuro de tarifas, inversiones y calidad del servicio.

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