Una nueva línea de sospechas sobre el exjefe de Gabinete bonaerense
NewsITe
Martín Insaurralde vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y mediática a partir de una investigación periodística que apunta a una presunta estructura de financiamiento irregular vinculada al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. El foco está puesto en una empresa tecnológica proveedora del Estado y en los presuntos nexos con el entorno familiar del exjefe de Gabinete bonaerense.
La denuncia, difundida por la periodista Guadalupe Vázquez en Radio Rivadavia, señala a Priscila Ferrante, sobrina de la expareja de Insaurralde, como pieza clave dentro de este esquema. De acuerdo con la investigación, Ferrante se desempeñó entre 2016 y 2018 en la firma Always Group S.A., compañía dedicada a la provisión de cinemómetros y sistemas de control de tránsito, herramientas centrales para la implementación de fotomultas.
Uno de los elementos que despierta mayor suspicacia es el momento en que Always Group fue incorporada al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires: según la investigación, ese alta se produjo apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021. Desde entonces, la empresa habría ganado terreno en el circuito de contrataciones públicas, especialmente en el negocio de las fotomultas, un sistema ya cuestionado judicialmente durante la gestión del exministro de Transporte Jorge D'Onofrio.
Triangulación de fondos y vínculos empresariales bajo la lupa
Vázquez indicó que la Justicia federal ya avanza sobre el patrimonio de Ferrante. El juez interviniente ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir la evolución de sus bienes, en el marco de una causa donde también se la investiga por presuntas maniobras de facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo. La sospecha es que parte de los fondos vinculados al sistema de fotomultas podría haber nutrido un circuito paralelo de recaudación.
De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la investigación periodística también advierte sobre una posible triangulación de fondos a través de universidades nacionales. Ese presunto mecanismo habría sido utilizado para canalizar contrataciones relacionadas con el negocio de las fotomultas, un esquema que ya había sido mencionado en causas anteriores sobre el uso de convenios universitarios para tercerizar servicios del Estado.
Always Group compartiría domicilio legal con otras compañías señaladas en el expediente judicial por las fotomultas y ya habría sido identificada como proveedora tanto del Gobierno bonaerense como del municipio de Almirante Brown. En el caso de Lomas de Zamora, distrito político de referencia de Insaurralde, aún no se pudo comprobar formalmente la contratación por la falta de acceso al registro público de proveedores, aunque se sostiene que los equipos homologados por la firma coincidirían con los que operan en ese partido.
“Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo”, afirmó Guadalupe Vázquez al presentar su investigación.
Según la periodista, toda la documentación reunida ya fue remitida al fiscal Sergio Morla, a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y al fiscal Álvaro Garganta, quien investiga supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas. Esta nueva línea de pesquisa se suma a otras hipótesis sobre posibles fuentes de financiamiento vinculadas al exfuncionario, como el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete bonaerense, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica.
La causa permanece en etapa de instrucción y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar sobre las presuntas maniobras denunciadas, delimitar responsabilidades y, eventualmente, impulsar nuevas imputaciones en un expediente que vuelve a poner bajo el microscopio el entrecruzamiento entre política, contratos públicos y negocios millonarios.
