La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se declare inconstitucional el artículo de la Ley de Presupuesto 2026 que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes extraprogramáticos y auxiliares al IPS. Advierten que la medida tendría un impacto económico directo. Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores.
De la Redacción de EL NORTE
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La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) expresó su rechazo al traspaso del personal extraprogramático y no docente de los colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), en reemplazo del régimen nacional administrado por la Anses, al que vienen aportando hasta el momento.
La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que dispuso que los docentes extraprogramáticos –quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria– y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS.
Desde Aiepa advirtieron que la medida fue adoptada sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por la Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Alcances e impacto económico
Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas. La modificación implicaría que esos trabajadores y sus empleadores dejen de aportar al sistema nacional y pasen al régimen provincial.
Aiepa advierte que la medida tendría un impacto económico directo. Sostienen que, por un lado, podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Y por otro lado, también podría afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional.
Además, la entidad remarcó que el cambio podría generar consecuencias previsionales para el propio personal alcanzado. “Muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podrían no reunir en el futuro los años necesarios para acceder a una jubilación por el régimen provincial. En ese escenario, terminarían jubilándose por la Anses, mientras que durante años sus aportes habrían sido derivados al sistema provincial”, marcaron.
Frente a este escenario, Aiepa promovió una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jurídica de las instituciones educativas asociadas.
La postura de Aiepa se funda, entre otros aspectos, en la subsistencia del régimen nacional vigente, la jerarquía normativa federal, la falta de coordinación interjurisdiccional y el riesgo de que los colegios queden expuestos a reclamos cruzados de organismos nacionales y provinciales.
Pedido de inconstitucionalidad de Capital Humano
La controversia adquirió mayor relevancia institucional luego de que el Estado nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y con intervención de los organismos competentes, promoviera una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Buenos Aires, caratulada “Estado Nacional —Ministerio de Capital Humano— c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente CSJ 001481/2026-00.
En esa presentación, el Estado nacional solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de una medida cautelar para suspender su aplicación.
“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, insistieron desde Aiepa. Y remarcaron que “los colegios privados no buscan dejar de cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales, sino contar con una definición clara, válida y coordinada entre Nación y Provincia respecto del régimen aplicable”.
Por ello, la Asociación solicita que no se exija la implementación del traspaso a las escuelas, hasta tanto exista una definición judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gestión privada.
