El Gobierno recorta el beneficio previsional de la expresidenta
El Gobierno nacional resolvió aplicar importantes descuentos sobre la pensión mensual que percibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una medida cautelar dictada por la Justicia y en medio de una prolongada disputa en la Corte Suprema. Según informó la ANSES, a partir de agosto la exmandataria iba a cobrar una prestación bruta de $15.683.154,06, pero ese monto será reducido por nuevas deducciones.
El organismo previsional comunicó recientemente a la Justicia que restablecerá de manera provisoria uno de los beneficios que Cristina Kirchner mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando fue suspendido tras su condena en la causa Vialidad por administración fraudulenta. Ese restablecimiento se da en cumplimiento de una medida cautelar, aunque el Gobierno aclaró que continuará litigando para revertirla.
Hasta la suspensión, la ex jefa de Estado cobraba dos asignaciones reguladas por la Ley 24.018, que establece un régimen especial para expresidentes y exvicepresidentes. Por un lado, una jubilación como ex presidenta; por otro, una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner. Ambos beneficios fueron dados de baja cuando se dictó la condena en su contra en el expediente de Vialidad.
Descuentos, reintegros y cuestionamientos oficiales
En este nuevo esquema, el Gobierno decidió dejar de pagarle a Cristina Kirchner el denominado “adicional por zona austral”, beneficio que se otorgaba por su origen en la provincia de Santa Cruz. El argumento oficial es que actualmente se encuentra residiendo en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el régimen de prisión domiciliaria, por lo que no correspondería mantener ese plus geográfico.
Además, se dispuso un descuento mensual de $3.136.630,81 hasta completar un total de $660.052.338,87. Según la administración nacional, ese monto habría sido percibido de manera indebida durante años, por lo que el objetivo es ir recuperándolo de forma paulatina de la prestación actual. A estas deducciones se suman los descuentos ya habituales por contribuciones a la obra social e Impuesto a las Ganancias.
La ANSES sostuvo ante los tribunales que cumplirá estrictamente con la cautelar que ordenó restituir el beneficio, pero ratificó que sigue en trámite un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El organismo previsional insiste en que la expresidenta no debería acceder a un régimen previsional de privilegio, dadas las condenas firmes por delitos contra la administración pública que pesan sobre ella.
La disputa en la Corte y el alcance de la Ley 24.018
El Ministerio de Capital Humano mantiene también su apelación activa ante el máximo tribunal, con la intención de anular la medida cautelar que reabrió el camino al cobro de la pensión. En el Gobierno remarcan que agotarán todas las instancias judiciales posibles para impedir que Cristina Kirchner siga percibiendo lo que consideran una asignación excepcional incompatible con su situación judicial.
La Ley 24.018, sancionada en los años noventa, establece que las asignaciones vitalicias a exmandatarios funcionan como una suerte de reconocimiento al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”. Desde la actual administración señalan que esas condiciones no se condicen con una condena firme por corrupción, por lo que buscan redefinir el alcance de ese régimen de privilegio.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público el funcionamiento de los beneficios especiales para exfuncionarios, el impacto fiscal de estas pensiones y el criterio con el que deben conservarse o retirarse cuando existen condenas judiciales. Mientras tanto, la última palabra quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la validez de la cautelar y el futuro del beneficio previsional de la expresidenta.
