Melella reabre la pulseada por la reforma constitucional fueguina
NewsITe
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a quedar bajo la lupa política e institucional tras reactivar la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto. La decisión llega luego de que la Justicia Electoral provincial anulara el llamado original, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y suspicacias sobre el posible impacto de una reforma constitucional en su futuro político y en los límites a los mandatos.
Fuentes consultadas señalaron que el conflicto se arrastra desde hace meses y que el revés judicial dejó en evidencia la fragilidad del proceso. La oposición fueguina acusó al oficialismo de intentar abrir una puerta hacia una eventual re-reelección, más allá de que el Gobierno provincial sostiene que la reforma apunta a modernizar la Carta Magna y ordenar el funcionamiento institucional. En este contexto, la insistencia de Melella con el proyecto se superpone con una coyuntura económica y social compleja en la provincia.
Tierra del Fuego enfrenta tensiones energéticas, reclamos por infraestructura básica, demandas en salud y educación, y una interna política cada vez más áspera. Intendentes y dirigentes locales miran con recelo la decisión de priorizar una reforma constitucional mientras persisten problemas cotidianos, como la falta de obras clave, la situación salarial de estatales y la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana. Para muchos actores del arco político, la agenda de la gestión parece desalineada con las urgencias del territorio.
Un proceso bajo sospecha y con alto costo político
La nueva convocatoria a convencionales no solo no despeja las dudas, sino que las profundiza. Melella deberá explicar por qué considera imprescindible avanzar ahora con una elección específica para discutir cambios en la Constitución, cuál será el costo económico del proceso electoral y qué puntos concretos del texto pretende modificar. También se le reclama que garantice, de manera explícita, que la reforma no será utilizada para moldear el tablero político de cara a 2027.
El debate excede lo estrictamente jurídico y se instala de lleno en el plano político. El gobernador queda obligado a demostrar que no impulsa una ingeniería institucional a medida para sostener su propio poder. La intervención de la Justicia Electoral, que frenó el primer intento, dejó un antecedente incómodo y potenció la percepción de desconfianza en sectores de la ciudadanía. En una provincia de escala reducida, donde el impacto de cada decisión se siente con rapidez, el desgaste político puede ser significativo.
- La Justicia Electoral había anulado la convocatoria original, marcando un fuerte límite institucional.
- La oposición denuncia que la reforma podría habilitar una discusión sobre reelecciones y permanencia en el cargo.
- La provincia arrastra problemas económicos, energéticos y de infraestructura que elevan el costo político de la iniciativa.
La reactivación del proceso constituyente amenaza con transformar la discusión institucional en un plebiscito sobre la ambición política de Melella y su futuro en el poder.
Mientras la elección de convencionales vuelve a ponerse en marcha, la sospecha instalada alrededor del proyecto permanece intacta. De no mediar gestos claros de transparencia y límites precisos en el alcance de la reforma, el oficialismo corre el riesgo de que la consulta termine leída más como un referéndum sobre el liderazgo del gobernador que como un debate de fondo sobre la organización política de Tierra del Fuego.
