Crece la tensión en el gobierno tucumano por el “caso Graneros”
NewsITe
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, derivó en una fuerte interna política dentro del gobierno de Tucumán. El expediente, que avanza en la Justicia provincial, expone un escándalo patrimonial que ya impacta de lleno en el oficialismo y alimenta el debate sobre la ética pública en uno de los distritos más postergados de la provincia.
En la política tucumana, a la jefa municipal la apodan “la Adorni de Graneros”, en referencia a las dudas sobre el origen de su patrimonio. El mote se consolidó luego de que trascendiera la vinculación de la intendenta con una mansión de altísimo valor económico en un country privado, en contraste con la realidad socioeconómica del municipio que gobierna.
El ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, decidió despegarse públicamente del caso y marcó distancia con un mensaje de fuerte contenido moral. En una entrevista televisiva con Canal 10, evitó nombrar directamente a Graneros, pero reivindicó su propia residencia en el barrio popular “El Alto Nuestra Señora del Valle”, en La Banda del Río Salí, y criticó a los dirigentes que optan por mudarse a barrios cerrados, a quienes acusó de “olvidarse de la gente”.
La causa judicial y la mansión en un country exclusivo
La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del fiscal Diego Sebastián Hevia, en el Centro Judicial Concepción. La investigación se sustenta en la documentación presentada por los denunciantes Manuel Courel y Luis María Díaz Augier, quienes apuntan a probar el vínculo directo de la intendenta con una lujosa residencia valuada en unos USD 1,2 millones, ubicada en el exclusivo country Las Yungas.
El contraste no pasó desapercibido para la opinión pública: una intendenta de un municipio fuertemente subsidiado y con altos niveles de pobreza, asociada a una propiedad de lujo con amenities de primer nivel en una zona residencial de elite. Esta imagen golpea de lleno al discurso de cercanía y austeridad que intenta sostener el gobierno provincial.
Analistas del escenario político tucumano interpretan las declaraciones de Monteros como parte de una estrategia para proteger al gobernador Osvaldo Jaldo, enviando la señal de que la Casa de Gobierno no está dispuesta a defender a dirigentes cuestionados por su patrimonio. El mensaje busca mostrar que no habrá blindaje político para los intendentes del interior involucrados en controversias de este tipo.
Interna oficialista y disputa por el relato
Sin embargo, la jugada del ministro también recibió críticas desde distintos sectores, que cuestionan lo que denominan “populismo geográfico”: la idea de que vivir en un barrio popular garantiza cercanía con las necesidades sociales. Recordaron, además, que el propio Monteros dejó la intendencia de La Banda del Río Salí en manos de su hijo, Gonzalo Monteros, consolidando así un esquema de poder familiar con fuerte control de recursos públicos en el Este tucumano.
En medio de un contexto socioeconómico nacional complejo, con inflación alta y deterioro del poder adquisitivo, las sospechas de corrupción asociadas a mansiones millonarias, barrios cerrados y piletas climatizadas resultan especialmente sensibles para la ciudadanía. Por eso, en el oficialismo tucumano buscan reforzar un perfil de austeridad y cercanía territorial para amortiguar el impacto político del “caso Graneros”.
- La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso en la Justicia.
- El oficialismo intenta marcar distancia y preservar la figura del gobernador Jaldo.
- La interna expone tensiones de cara al armado electoral y al control de los municipios del interior.
“Hay dirigentes que cuando se van a vivir a un country se olvidan de la gente”, lanzó el ministro Darío Monteros, en una clara alusión al escándalo que rodea a la intendenta de Graneros.
Mientras la investigación judicial avanza y se acumulan cuestionamientos públicos, el caso promete seguir reordenando alianzas y tensiones dentro del oficialismo tucumano. El desenlace de la causa no solo definirá el futuro político de la intendenta, sino que también pondrá a prueba el compromiso del gobierno provincial con la transparencia y el control del patrimonio de sus funcionarios.
