El Gobierno nacional rechazó la prórroga de las concesiones de los trenes de carga, entre ellos el ramal Ferrosur Roca a cargo de la brasileña Camargo Correa, que tiene acceso a varios puertos entre los cuales está el de San Nicolás. Se implementaría un sistema mixto con la posibilidad de operación para las empresas a través de canon o subastas.
De la redacción de EL NORTE
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El gobierno rechazó la prórroga de las concesiones de los trenes de carga que beneficiaba a las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca, esta última opera en el puerto de nuestra ciudad. De esta manera las operaciones de carga de las líneas Sarmiento, Roca y Mitre las realizará Belgrano Cargas y Logística (“Trenes Argentinos Cargas”), la compañía estatal que ya opera los servicios cargueros de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza hasta el 30 de junio del próximo año cuando se avanzará en la implementación de un sistema mixto.
La decisión del ministro de Transporte, Alexis Guerrera le da continuidad al plan que venía poniendo en marcha el Ejecutivo desde la gestión de Mario Meoni.
En marzo pasado, la Comisión Especial de Renegociación de Contratos ferroviarios había determinado que las inversiones habían sido insuficientes y que después de 30 años, el balance en términos de estado de la infraestructura era negativo por su impacto en velocidad y conectividad.
Los vencimientos de actuales concesiones son: el 31 de octubre próximo para Ferroexpreso Pampeano; el 21 de diciembre 2022 en el caso de Nuevo Central Argentino; y para Ferrosur Roca el 10 de marzo 2023.
“El rechazo de las prórrogas de los contratos de concesión implica la reasunción de la administración de la infraestructura ferroviaria nacional y la totalidad de los bienes que forman parte de los contratos de concesiones, una vez vencido el plazo de cada una de ellas, por parte de Trenes Argentinos Infraestructura”, expresa el comunicado de Transporte.
De acuerdo con la Resolución 211/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte Alexis Guerrera, todas las concesiones están vencidas y en los artículos 1, 2 y 3 el Estado rechaza los pedidos de prórrogas presentados por las empresas que detentan las concesiones desde los tiempos de la privatización impulsada por el gobierno de Carlos Menem.
Las concesiones otorgadas en 1991 y 1992 por el menemismo tenían 30 años de validez con una posible prórroga de 10 años a la que aspiraban las empresas y que les fue denegada.
Las concesiones de los ramales de carga estaban hasta ahora en manos de Nuevo Central Argentino (NCA, de Aceitera General Deheza, que transporta carga de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires hasta los puertos del cordón industrial del Gran Rosario); Ferrosur Roca (a cargo de la brasileña Camargo Correa, tiene acceso a los puertos de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Campana, San Nicolás, Bahía Blanca y Quequén) y FerroExpreso Pampeano (del grupo Techint, opera parte del Roca, San Martín, Sarmiento y Mitre con acceso a los puertos de Ingeniero White y Rosario).
La operación
Belgrano Cargas y Logística se harán cargo de la operación “con carácter precario y podrá ser revocada en cualquier momento” indica la Resolución al tiempo que se realizará un inventario de los bienes que componen las concesiones afectadas por la medida.
En su artículo 12 se aclara que se deberá “brindar continuidad laboral a los trabajadores que a la fecha de la presente medida presten servicio en la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de las concesiones”.
“A tal fin, deberán respetarse las condiciones laborales, las remuneraciones, categorías laborales, antigüedad y demás derechos adquiridos reconocidos por las leyes laborales y de la seguridad social, convenios colectivos y demás normativa vigente”, señala.
Lejos de tratarse de una estatización, se avanzaría en la implementación de un sistema conocido como open access (acceso abierto), una desregulación de sistema que tendría características híbridas en las que el Estado administra la infraestructura ferroviaria base y abre la posibilidad a que distintas empresas la operen a través de un canon o por subastas.
