La Justicia federal dejó fuera a los denunciantes del caso $LIBRA
NewsITe
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el token que cobró notoriedad pública tras ser promocionado en redes sociales por el presidente Javier Milei y desplomarse minutos después. La decisión judicial, adoptada en los tribunales de Comodoro Py, implica un fuerte revés para los inversores que reclamaban haber sido víctimas de un fraude.
La resolución del magistrado hizo lugar a un pedido presentado por la defensa del lobbista Mauricio Novelli, uno de los principales apuntados en el expediente. Sus abogados sostuvieron que no hubo maniobra delictiva, sino una operatoria típica de un mercado de altísimo riesgo, donde las subas y bajas bruscas forman parte de la lógica de funcionamiento de las criptomonedas.
Según se desprende del fallo, Martínez de Giorgi consideró que los denunciantes no encuadran como “particulares ofendidos” por el delito de estafa, figura que en el Código Penal exige una secuencia clara de ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Para el juez, en este caso se trata de inversores que asumieron conscientemente los riesgos propios de un activo especulativo.
Quiénes quedaron afuera y cómo sigue la investigación
Con la medida, quedaron excluidos como querellantes Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, nucleados en dos presentaciones distintas. A partir de ahora, la causa quedará exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano, cuestionado por los denunciantes por las demoras en la producción de prueba: a un año y medio del inicio del expediente, todavía no se convocó a declarar a ninguno de los involucrados.
Sin la participación de las querellas, ya no habrá posibilidad de impulsar nuevas medidas de prueba por parte de los damnificados, ni de insistir con pedidos de indagatoria, apelaciones ni otras intervenciones directas sobre el rumbo del proceso. Los abogados de los ahora apartados ya anticiparon que apelarán la decisión de Martínez de Giorgi ante la Cámara Federal porteña.
El contexto político y las críticas al juez
El fallo se conoció en medio de la atención pública sobre el propio juez, luego de que el Gobierno impulsara a su esposa, Ana María Cristina Juan, como candidata a ocupar un cargo en el Poder Judicial, concretamente en el juzgado federal de Hurlingham. El pliego fue aprobado por el Senado, pero todavía resta su oficialización en el Boletín Oficial de la República Argentina, un paso que se descuenta se concretará en el corto plazo. Este telón de fondo alimentó cuestionamientos y suspicacias sobre la independencia del magistrado.
Martínez de Giorgi, no obstante, basó su decisión en argumentos técnicos vinculados al funcionamiento del mercado cripto y a la naturaleza del activo investigado. Subrayó que $LIBRA se trata de una “memecoin”, es decir, una criptomoneda lanzada a modo de broma, de alta volatilidad y con un comportamiento muchas veces impulsado por la fama repentina en redes sociales y por efectos de marketing.
Las razones jurídicas detrás del fallo sobre $LIBRA
En su escrito, el juez enfatizó que las pérdidas económicas reportadas por los inversores se relacionan con la dinámica propia de un mercado volátil más que con una maniobra fraudulenta puntual. Agregó que, en el ecosistema de criptomonedas, especialmente en redes como Solana —sobre la cual se creó $LIBRA—, la trazabilidad en términos de titularidad no siempre puede establecerse de forma concluyente.
De acuerdo con la resolución, los querellantes no lograron demostrar fehacientemente que fueran los titulares de las billeteras virtuales utilizadas para la operatoria ni el origen de los fondos invertidos. “Las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad”, sostuvo el magistrado. Sobre esa base, ya había rechazado también el intento de incorporación de otros dos presuntos damnificados provenientes de Bielorrusia.
La decisión no cierra la investigación, pero sí debilita la hipótesis de una estafa penalmente relevante en torno a $LIBRA, al menos en esta instancia. El desarrollo del caso, y lo que resuelva la Cámara sobre el apartamiento de los querellantes, será seguido de cerca no solo por los inversores afectados, sino también por el ecosistema cripto local, atento al impacto que estos antecedentes puedan tener en futuras disputas judiciales por pérdidas en activos digitales.
La resolución judicial refuerza la idea de que, en ausencia de pruebas sólidas sobre engaño deliberado, las pérdidas en criptomonedas suelen ser consideradas un riesgo asumido por el inversor.
