Imputaciones por presunto desvío de $350 millones en OSPRERA
NewsITe
El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a ex interventores de la Obra Social de Peones Rurales (OSPRERA) y a directivos de la firma High Tech Innovation S.A., en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la intervención estatal de la entidad. De acuerdo con el expediente, el supuesto perjuicio económico rondaría los 350 millones de pesos.
Las audiencias indagatorias fueron fijadas entre el 10 y el 14 de agosto y alcanzan al creador de High Tech Innovation, Sergio Andrés Aguirre; a sus socios Stefano Antonio Zanetti y María Casandra Mirabelli, quien figura como presidenta de la compañía; y a los ex interventores de OSPRERA Virginia Montero y Marcelo Petroni. Todos deberán dar explicaciones sobre el rol que habrían tenido en las contrataciones bajo sospecha.
La investigación señala que High Tech Innovation S.A. fue constituida el 8 de abril de 2024, pocos meses antes de que el Gobierno dispusiera la intervención de OSPRERA, ocurrida en agosto de ese mismo año. Según surge de la causa, la primera interventora designada, Virginia Montero, habría contratado los servicios de esa firma casi de inmediato, y las facturas N° 001 y 002 se emitieron a nombre de la obra social ya intervenida, que actualmente cuenta con alrededor de 500.000 afiliados en todo el país.
Embargos, delitos investigados y alcance político de la causa
Además de las citaciones a indagatoria, Casanello dispuso el embargo de bienes de los imputados y de la propia empresa High Tech Innovation S.A., como una medida tendiente a asegurar un eventual decomiso en caso de comprobarse el desvío de fondos. Los investigadores sospechan que se habrían simulado contrataciones o sobrefacturado servicios, afectando recursos que debían destinarse a prestaciones de salud para los peones rurales.
En el mismo expediente también se encuentra bajo la lupa el secretario de Trabajo, Julio Cordero, lo que otorga a la causa un componente político adicional. Las figuras penales en juego son administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delitos que suelen investigarse cuando se presume un uso irregular de fondos públicos o de entidades bajo control estatal.
- Se investigan contrataciones realizadas tras la intervención estatal de OSPRERA.
- El perjuicio económico se estima en unos $350 millones.
- Fueron citados ex interventores y directivos de la empresa contratada.
- La obra social tiene cerca de 500.000 afiliados en todo el país.
La causa apunta a determinar si se utilizó la estructura de la obra social para beneficiar de manera indebida a una firma creada poco antes de la intervención.
En las próximas semanas, las declaraciones indagatorias y las pericias contables serán clave para reconstruir el circuito de contrataciones y pagos, y establecer si existió un esquema de desvío de fondos. De confirmarse las sospechas, el caso podría derivar en procesamientos y abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la transparencia y el control de las obras sociales en la Argentina.
