SUPARA alerta por el impacto del contrabando en la economía
NewsITe
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) encendió una fuerte señal de alarma por el avance del contrabando y su impacto sobre la industria nacional, el empleo formal y la recaudación del Estado. La organización gremial, que conduce Daniel Mallotti, responsabilizó al Gobierno por las políticas de ajuste y desregulación que, según advirtió, están debilitando la capacidad de control de la Aduana en todo el país.
En una reunión mantenida con autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el sindicato planteó la necesidad urgente de reforzar los controles fronterizos y de recomponer recursos humanos y tecnológicos. Desde SUPARA remarcan que la combinación de salarios deteriorados, recortes presupuestarios y desinversión en infraestructura genera un escenario propicio para el crecimiento de las maniobras ilícitas.
“Hoy la Aduana dispone cada vez de menos recursos e infraestructura para fortalecer los controles, producto de políticas permanentes de debilitamiento, desinversión y desregulación”, señalaron fuentes gremiales. En esa línea, apuntaron directamente al Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, al que acusan de profundizar los recortes en áreas clave para la fiscalización del comercio exterior.
Obsolescencia, fuga de personal y controles debilitados
De acuerdo con el diagnóstico de SUPARA, la Aduana enfrenta serias dificultades para retener técnicos calificados y personal idóneo, lo que se suma a la falta de actualización tecnológica en escáneres, sistemas informáticos y herramientas de monitoreo. Esa combinación, remarcan, vuelve más permeables los pasos fronterizos y los puertos a prácticas delictivas como el contrabando y la subfacturación.
Mallotti reclamó que se dote al organismo de mayores recursos económicos y humanos y que se adopten políticas que vayan en sentido contrario a la desregulación. Para el gremio, la situación actual expone al país a un cuadro de vulnerabilidad y desprotección, tanto para la industria como para el comercio formal, que debe competir con mercadería ilegal que ingresa sin pagar impuestos ni cumplir normas de seguridad y calidad.
“Es imprescindible mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen la institución y hacen posible el fortalecimiento de los controles”, enfatizó el dirigente sindical al referirse a los trabajadores aduaneros.
Pérdidas fiscales millonarias y sectores más afectados
En paralelo a las advertencias sindicales, un informe reciente de la consultora MAP dimensionó el costo económico del comercio ilícito. Según ese estudio, el contrabando provocaría en 2025 una pérdida de ingresos fiscales estimada en 2.300 millones de dólares, cifra equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) argentino. Se trata de recursos que el Estado deja de percibir por la evasión de aranceles, IVA e impuestos internos.
El mismo trabajo destaca que el monto perdido podría cubrir inversiones de gran impacto social: se equipara, por ejemplo, al costo de construir unas 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Además, el estudio identifica a los sectores más golpeados: el tabacalero, con pérdidas cercanas a los 1.100 millones de dólares; el textil, con unos 370 millones; el de neumáticos, con 240 millones; y el de telefonía celular, con 190 millones.
La consultora también ubica a la Argentina en el puesto 120 de 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT, un indicador que refleja la debilidad relativa del país frente a estas prácticas. Para SUPARA y los actores del comercio formal, las cifras refuerzan la necesidad de revertir el proceso de desinversión y fortalecer la Aduana como herramienta central para proteger la producción nacional, el empleo registrado y los ingresos fiscales.
