La Unión Europea confirma la sanción más alta contra Google
NewsITe
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratificó en forma definitiva la histórica multa de 4.125 millones de euros contra Google por haber abusado de su posición dominante en el ecosistema de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android. Se trata de una de las sanciones más importantes dictadas por Bruselas en materia de competencia contra una gran plataforma tecnológica.
Con esta decisión, los jueces de Luxemburgo rechazaron el recurso presentado por la compañía y su casa matriz, Alphabet, contra el fallo de 2022 del Tribunal General de la Unión Europea. Aquella sentencia había respaldado en lo sustancial la resolución de la Comisión Europea de 2018, que había detectado prácticas destinadas a favorecer los servicios de Google frente a los de sus competidores.
El corazón del caso está en las condiciones contractuales que Google imponía a los fabricantes de smartphones y tablets con Android. Según las autoridades comunitarias, la empresa utilizó esa posición de dominio para impulsar el uso de su motor de búsqueda Google Search y su navegador Chrome mediante acuerdos de preinstalación y cláusulas de licencia que ataban a los productores de dispositivos.
Cómo funcionaban las prácticas consideradas anticompetitivas
De acuerdo con la Comisión Europea, los fabricantes que querían acceder a la tienda de aplicaciones Play Store o a otros servicios clave de Google debían aceptar un paquete de obligaciones. Entre ellas, la instalación por defecto de Google Search y Chrome, algo que en la práctica reducía las posibilidades de que los usuarios eligieran motores de búsqueda o navegadores alternativos.
Bruselas calificó este esquema como una “infracción única y continuada” del derecho de competencia, al entender que se reforzaba la posición dominante de Google en las búsquedas online y en la publicidad asociada. Inicialmente, la multa se fijó en 4.342 millones de euros, de los cuales Alphabet debía afrontar solidariamente 1.922 millones.
El Tribunal General confirmó el fondo de la decisión, aunque anuló la parte vinculada a ciertos acuerdos de reparto de ingresos con fabricantes y operadores móviles que exigían la preinstalación exclusiva de Google Search en una cartera específica de dispositivos. Tras esa corrección, la sanción fue recalculada en 4.125 millones de euros, con Alphabet asumiendo solidariamente 1.521 millones.
Los argumentos de Google y el impacto en el mercado digital
Un portavoz de la compañía señaló que la sentencia “no reconoce las importantes inversiones realizadas para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito”. Según la firma, el sistema operativo permitió a los fabricantes ofrecer dispositivos económicos y diversos, y habría fomentado la competencia frente a otras plataformas cerradas.
No obstante, el TJUE sostuvo que el Tribunal General no incurrió en error al considerar que las prácticas cuestionadas podían restringir la competencia y consolidar el dominio de Google. También avaló la calificación de los acuerdos que impedían a los fabricantes comercializar dispositivos basados en versiones de Android no aprobadas por la empresa, lo que limitaba el desarrollo de sistemas alternativos.
La confirmación definitiva de la multa envía una señal al conjunto de la industria tecnológica: la Comisión Europea y los tribunales del bloque están dispuestos a intervenir cuando detectan conductas que, a su criterio, distorsionan el funcionamiento de los mercados digitales. En un contexto de creciente regulación de las grandes plataformas, especialmente en materia de competencia y protección de datos, el caso Google-Android se consolida como un antecedente clave para futuros expedientes en el ámbito de la economía digital global.
“Ajustamos nuestros acuerdos para cumplir con la sentencia inicial en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”, remarcó la compañía tras conocerse el fallo.
Mientras tanto, la Unión Europea avanza con nuevas herramientas normativas, como la Ley de Mercados Digitales, que profundiza los controles sobre los llamados “guardianes de acceso” a Internet, entre los que se encuentra Google, con el objetivo de garantizar un terreno de juego más equilibrado para empresas y consumidores.
