El oficialismo busca aprobar prórrogas y nuevos cargos clave
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El Senado de la Nación se prepara para una sesión intensa, prevista entre el 15 y el 16 de julio, en la que podría avanzar con la aprobación de unos 35 pliegos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes más sensibles figuran la prórroga del mandato del camarista laboral Víctor Pesino y el nombramiento de Juan Rodríguez Ponte para un juzgado federal de Lomas de Zamora que concentra causas de alto impacto público.
Con esta nueva tanda de designaciones, el Gobierno aspira a cubrir alrededor de un centenar de los 300 cargos vacantes en el Poder Judicial. Hasta ahora, ya fueron nombrados 60 magistrados de los 74 que obtuvieron el aval de la Cámara alta, por lo que el oficialismo busca acelerar el ritmo de acuerdos y mostrar gestión en un área clave como la Justicia.
La prioridad inmediata de La Libertad Avanza pasa por la prórroga del mandato de Pesino en la Cámara Nacional del Trabajo. El juez cobró relevancia en los últimos meses por haber rechazado la cautelar de la CGT contra la reforma laboral y por su intervención en la causa de la UOM. Su pliego debe ser aprobado antes del 27 de julio, fecha en la que cumple 75 años, límite constitucional para continuar en funciones sin acuerdo del Senado.
El juzgado de las causas Cirio–Insaurralde y la lupa sobre los vínculos
Otro expediente que llega con fuerte carga política es el de Juan Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, hoy vacante y subrogado por el juez de Quilmes, Luis Armella. En ese tribunal se tramitan, entre otras, las causas por presunto enriquecimiento ilícito contra la modelo Jésica Cirio y el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.
En el mismo juzgado también se investiga el caso conocido como Sur Finanzas, una pesquisa por una presunta red de lavado de dinero y defraudación millonaria que involucra a la AFA y a varios clubes de fútbol. La eventual designación de Rodríguez Ponte, actualmente titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, es leída en la política y en los tribunales como un gesto hacia sectores de la denominada “familia judicial”.
Rodríguez Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mangano y es yerno del secretario de la histórica jueza federal María Romilda Servini de Cubría, lo que alimenta las suspicacias sobre los vínculos de poder que atraviesan al sistema judicial argentino.
Más pliegos en juego y el intento por reducir vacantes
La agenda de la Comisión de Acuerdos avanzó también con una serie de nombres para distintos fueros y jurisdicciones. Entre ellos se destaca Leopoldo Rago Gallo, juez federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, que obtuvo dictamen favorable para renovar su mandato por cinco años, con buen respaldo político en su provincia.
Para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires lograron aval los pliegos de María Claudia Jueguen, para integrar la Sala X, y de Marina Pisacco, propuesta para la Sala VI y conocida también por su vínculo con el periodista de TN Adrián Ventura. Asimismo, recibieron dictamen Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro para distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones porteña.
En el plano federal del interior del país, la comisión dio el visto bueno a Bernardo María Rodríguez Palma para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín; a Pablo Toledo y Ángel Roger Luna Roldán para cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán; y a un grupo de conjueces para la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba, entre ellos Maximiliano Chaves, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Marnich, José Villena y Fernando Zarabozo.
También obtuvieron respaldo los pliegos de Ruth Ponce de León para la Cámara del Tribunal Oral Criminal de Posadas; de Juan Burella Acevedo como fiscal en Corrientes; y de María Ise como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. En paralelo, rindieron examen para diferentes salas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Juan Carlos Riccardini, Paula Romeo y Hugo Daniel Froy, este último postulado para la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres.
Perfil federal de los nombramientos y desafíos pendientes
La serie de audiencias realizadas esta semana incluyó además a once candidatos entre jueces, defensores y fiscales. Entre ellos figura el fiscal Patricio Sabadini, propuesto para la jurisdicción de Resistencia; las candidatas a defensoras públicas María Laura Irastorza, para Río Negro, y Amanda Espino, para la Capital Federal; y los pliegos de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Santiago José Martín para la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
El temario se completa con postulaciones clave en materia económica, como la de Pedro Crespo para un juzgado de primera instancia en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, y la de Fernando Alcaraz para la Fiscalía Federal de Mendoza. En conjunto, estos movimientos muestran la intención del Gobierno de avanzar de manera simultánea sobre la Justicia federal, los tribunales orales y los fueros laborales y comerciales, con un fuerte componente de equilibrio regional.
Si el Senado aprueba el paquete de pliegos previsto, el oficialismo habrá dado un paso importante en la cobertura de vacantes, aunque todavía quedará un amplio margen de cargos sin ocupar que seguirá condicionando el funcionamiento del Poder Judicial.
La discusión de estos nombramientos promete reavivar el debate sobre la transparencia en la selección de magistrados, el peso de las trayectorias frente a los vínculos personales y el rol del Senado como garante de equilibrio institucional en un contexto de alta polarización política.
