Los imputados -según expresó el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, en relación a la evaluación pericial psiquiátrica psicológica- se encuentran aptos para estar sometidos a proceso. El expediente en cuestión caratulado como: “Saint Amant, Manuel Fernando s/ muerte por causa dudosa. Víctima: Ponce de León, Carlos Horacio”, investiga un posible delito de lesa humanidad en la última dictadura militar.
El juez federal Carlos Alberto Vera Barros citó a indagatoria a Luis Antonio Martínez y a Carlos Raúl Bottini para el próximo 29 de septiembre, en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de quien fuera Obispo de la Diócesis de San Nicolás: Carlos Horacio Ponce de León. Los imputados -según expresó el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, en relación a la evaluación pericial psiquiátrica psicológica- se encuentran aptos para estar sometidos a proceso.
En el último tiempo hubo una insistencia en el pedido de indagatoria por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras lo que la Fiscalía hizo su correspondiente pedido.
El expediente en cuestión caratulado como: “Saint Amant, Manuel Fernando s/ muerte por causa dudosa. Víctima: Ponce de León, Carlos Horacio”, investiga un posible delito de lesa humanidad en la última dictadura militar. La mañana del 11 de julio de 1977, camino a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de Ramallo, el vehículo en el que viajaba el obispo sufrió un incidente con una camioneta Ford F-100. El prelado se dirigía a entregar documentación de las personas desaparecidas de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina y la Nunciatura. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires –entre otros organismos del Estado y judiciales– ha expuesto que ya ´quedó acreditado de manera inequívoca que el obispo Carlos Horacio Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos de la última dictadura´ y que ´se ha alcanzado el estado de sospecha necesario, sustentado en los elementos de prueba de instrucción, para pensar que se enmascaró el asesinato del obispo Ponce de León simulando un accidente automovilístico pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132. Y que así, ´de las irregularidades que surgen de la investigación, se da sustento al requerimiento de las indagatorias´.
Imputados
Carlos Sergio Bottini, en el hecho a investigar, era acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de Agropolo S.A., titular registral de la camioneta que impactó en el Renault 4 de Ponce de León. En su testimonio brindado en sede prevencional y judicial, afirmó en el expediente 1858 no recordar nada de lo sucedido por haber sufrido –a causa de un accidente en 1971– una “epilepsia traumática”, aunque luego la investigación observó que no existe constancia que acreditara tal extremo.
Bottini se identificó como directivo de Agropolo, firma con domicilio en la calle Viamonte 1866, de la Capital Federal, a muy pocos metros de la sede del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su pedido a que fueran convocados a prestar declaración indagatoria, destacó que todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón.
Luis Antonio Martínez dijo que él y su acompañante –Bottini– viajaban “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A., propietaria de la pick-up.
Primera sentencia e intrucción
Vale recordar que en febrero de 2023, la Justicia revocó la resolución del 30 de agosto de 2021 del Juzgado Federal 2 de San Nicolás y, en consecuencia, hizo lugar al planteo de nulidad de cosa juzgada írrita respecto de la sentencia dictada el 19 de julio de 1978 en el expediente N° 1858 “Martínez, Luis Antonio S/ Homicidio y lesiones culposas”.
El requerimiento de instrucción fue formulado en 2004 en razón del conocimiento que se tomó del contenido de la declaración brindada por Víctor Oscar Martínez (el acompañante de Ponce de León el día del incidente investigado) ante la Conadep, oportunidad en la que manifestó que la muerte del obispo había sido producto de un obrar doloso pergeñado por parte de la dictadura militar instaurada en el país a partir del 24 de marzo de 1976 y no a causa de un accidente automovilístico como hasta ese momento se pensaba. Así, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones en torno a la hipótesis del homicidio premeditado.
Además, después de lograrse la anulación de la causa en dictadura, fue determinante el peritaje automovilístico realizado por el ingeniero Jorge Geretto.
En junio de 2025, una comitiva viajó de San Nicolás a Rosario -donde tramita el expediente actualmente- para entregar al Tribunal de Apelaciones una carta con 400 firmas, pidiendo por la necesidad urgente de celeridad en la investigación sobre la muerte del obispo.
