La ordenanza que el propio oficialismo impulsó en 2024 continúa vigente, pero gremios y concejales opositores denuncian que el municipio incorporó cientos de trabajadores bajo modalidades de contratación que consideran precarias.
A casi dos años de la sanción de la ordenanza que suspendió por 12 años el ingreso de personal a la planta temporaria y permanente de la Municipalidad de Ramallo, el gobierno del intendente Mauro Poletti continúa incorporando trabajadores bajo diferentes modalidades de contratación que, según denuncian sectores gremiales y de la oposición, representan un mecanismo para eludir el espíritu de la normativa vigente.
La Ordenanza N° 6996/24, aprobada por el Concejo Deliberante el 5 de septiembre de 2024, estableció la suspensión del ingreso de personal a la planta temporaria y permanente de la Administración Central Municipal, del Hospital José María Gomendio y del propio Concejo Deliberante por el término de doce años. La medida fue presentada en ese momento como una herramienta para contener el gasto público en el marco de la emergencia económica que atravesaba el municipio.
Paradójicamente, esa restricción fue impulsada y respaldada por el propio oficialismo. Durante el debate legislativo, incluso, el Ejecutivo insistió para que la prohibición se extendiera a doce años, cuando originalmente se analizaba un plazo considerablemente menor.
Sin embargo, desde entonces el municipio incorporó a cientos de trabajadores mediante contratos directos, monotributistas, cooperativas y becas vinculadas a programas de educación no formal. De acuerdo con estimaciones de distintos sectores políticos y sindicales, ya serían más de 450 las personas que desempeñan funciones dentro de la estructura municipal bajo estas modalidades.
La situación genera cuestionamientos porque muchos de esos trabajadores realizan tareas habituales del municipio, como barrido de calles, mantenimiento de espacios públicos, pintura de cordones, limpieza o asistencia en distintas dependencias, cumpliendo jornadas similares a las del personal municipal pero sin acceder a los derechos laborales previstos para los empleados de planta.
Los reclamos por esta situación fueron presentados en reiteradas oportunidades por gremios municipales que no mantienen alineamiento con el gobierno local. Entre las principales críticas figura la diferencia salarial existente entre un trabajador municipal y quienes cumplen idénticas funciones mediante contratos precarios.
Según denuncian, los ingresos de estos trabajadores oscilan entre los 100.000 y los 450.000 pesos mensuales, cifras considerablemente inferiores a las escalas salariales municipales y sin estabilidad laboral, carrera administrativa ni beneficios establecidos por el régimen de empleo municipal.
Mientras tanto, los trabajadores de planta continúan reclamando recomposiciones salariales ante la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente al proceso inflacionario. Para los sindicatos, el crecimiento de estas formas de contratación termina consolidando un esquema de precarización laboral que reduce costos para el Estado municipal a costa de las condiciones laborales de quienes prestan servicios.
La discusión volvió a instalarse durante la última sesión del Concejo Deliberante, donde ingresó un nuevo paquete de contratos precarios para su tratamiento administrativo. Desde distintos bloques opositores sostienen que la práctica contradice el objetivo que dio origen a la ordenanza de 2024 y vacía de contenido la prohibición de incorporar personal.
Las críticas también alcanzan al crecimiento de la estructura política del Ejecutivo, donde se señala que, paralelamente a las contrataciones precarias, distintas secretarías y direcciones sumaron funcionarios políticos y asesores, existiendo áreas donde conviven varios responsables con funciones similares.
Desde esos sectores sostienen que una parte de estas designaciones responde a acuerdos políticos con dirigentes provenientes de distintos espacios del peronismo, la Unión Cívica Radical y otros sectores que anteriormente integraron gobiernos de diferente signo político. Según esa interpretación, las incorporaciones buscarían consolidar mayorías políticas y fortalecer el control del oficialismo tanto en el Ejecutivo como en el ámbito legislativo.
Mientras la ordenanza que suspendió el ingreso de personal continúa plenamente vigente para la planta municipal, el debate gira ahora en torno a si las modalidades de contratación implementadas por el Ejecutivo respetan el espíritu de la norma o constituyen un mecanismo para sortear las restricciones que el propio gobierno impulsó y celebró durante su aprobación.
