Villarruel retrasa la actividad y La Libertad Avanza suma otra interna
NewsITe
El Senado de la Nación recién volverá a sesionar a mediados de julio, en medio de una nueva disputa interna en La Libertad Avanza entre la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La decisión de posponer la reunión de Labor Parlamentaria profundizó el malestar puertas adentro del oficialismo, que buscaba dar una señal de funcionamiento político tras los últimos cambios en el gabinete.
Según pudo reconstruirse a partir de fuentes parlamentarias, Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles de la próxima semana, a las 12, en la previa del feriado del 9 de Julio. Ese movimiento forzó a que la sesión ordinaria pase para la semana siguiente, lo que ubica el debate en el recinto entre el 15 y el 16 de julio, fecha que terminará de definirse en ese encuentro de autoridades de bloque.
Bullrich pretendía que el Senado sesionara el 8 de julio para tratar un temario cargado, que incluye la reforma de la ley de tierras, conocida como proyecto de propiedad privada, la llamada ley Hojarasca y una serie de pliegos judiciales pendientes. La senadora porteña buscaba mostrar que, tras la salida del vocero presidencial Manuel Adorni y los reacomodamientos en el Ejecutivo, la Cámara alta había retomado la iniciativa política.
No es la primera vez que Bullrich y Villarruel exhiben diferencias públicas. Desde que la ex candidata presidencial se sumó formalmente a las filas libertarias, las tensiones por espacios de poder, conducción del bloque y manejo de la agenda legislativa se volvieron recurrentes. Ahora, el punto de fricción es el control del calendario parlamentario y la velocidad con la que el oficialismo quiere avanzar en temas sensibles.
Un temario caliente: tierras, desalojos y justicia
El proyecto central que La Libertad Avanza pretende discutir en la próxima sesión es el de propiedad privada, que propone cambios profundos en la ley de tierras y en el régimen de desalojos y expropiaciones. La iniciativa fue trabajada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y atravesó ya numerosas versiones de dictamen, con modificaciones impulsadas tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición dialoguista.
En la versión número 12 del texto, se mantuvo la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en Argentina y también se impide que lo hagan empresas privadas controladas por capitales de otros países. Además, si se trata de zonas de frontera, la venta requerirá no sólo el aval de las provincias y del Poder Ejecutivo, sino también la aprobación explícita del Congreso Nacional, lo que agrega un filtro político adicional.
El paquete también incluye reformas a la normativa vinculada al manejo del fuego, con cambios en los plazos y condiciones para la explotación de tierras afectadas por incendios, y ajustes en la legislación sobre expropiaciones y desalojos. Algunos de los apartados más controvertidos, como las modificaciones a la ley de barrios populares, fueron retirados del dictamen para facilitar acuerdos y evitar un rechazo masivo en el recinto.
La “ley Hojarasca” y los pliegos en la mira
En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con la denominada ley Hojarasca, un proyecto que deroga cerca de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas o sin aplicación real en la actualidad. Entre ellas figura la ley 20.120, de la gestión de Alejandro Agustín Lanusse, que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a avisar previamente a las autoridades y habilitaba el ingreso de la policía, una disposición cuestionada por su impacto sobre las libertades individuales.
- También se propone derogar la ley 20.983, que imponía a radios y canales de televisión la obligación de dedicar al menos 60 minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional, un esquema que perdió sentido frente a la multiplicación de plataformas digitales.
- La agenda incluye, además, siete pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, que necesita del aval del Senado para continuar en su cargo después de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.
“La Vicepresidenta mandó Labor Parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”, admitió Bullrich al reconocer que no podrá cumplir con su objetivo de sesionar antes del 9 de Julio.
Otro factor que condicionó el calendario fue la necesidad de varios senadores de regresar a sus provincias para participar de los actos por la Fiesta de la Independencia. En el caso de Tucumán, por ejemplo, la legisladora Beatriz Ávila debía estar presente en la vigilia del 8 de julio, antes de las celebraciones oficiales del 9. En ese contexto, la sesión de mediados de mes se perfila como el próximo gran test político para el Gobierno en la Cámara alta, con una interna oficialista que promete seguir sumando capítulos.
