La Procuración Penitenciaria alerta por la situación carcelaria
NewsITe
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó ante el Congreso su Informe Anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales. El documento, remitido a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la Ley 25.875, advierte sobre déficits estructurales persistentes, opacidad en el acceso a la información oficial y retrocesos normativos en materia de ejecución penal.
Uno de los ejes centrales del informe es la sobrepoblación y el hacinamiento, especialmente en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos relevados, más de 2.339 personas se encuentran alojadas en estos centros transitorios porteños, que no cumplen con los estándares internacionales mínimos para condiciones de encierro dignas.
A diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportó 12.152 personas detenidas en cárceles bajo su órbita: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% tiene condena firme, mientras que el 37% permanece en prisión preventiva, lo que vuelve a poner en debate el uso extendido de esta medida excepcional.
Datos, reclamos y falta de información oficial
El informe de la PPN subraya que en los últimos dos años la población detenida creció un 5,4% en 2024 y un 3,6% en 2025. En paralelo, el SPF declaró solo 516 nuevas plazas, un incremento insuficiente para acompañar el aumento de internos y evitar el agravamiento del hacinamiento.
Otra preocupación es la falta de datos actualizados y desagregados por establecimiento penitenciario. La Procuración advierte que la información dejó de publicarse en el sitio web oficial y que el último registro disponible corresponde a 2024, lo que dificulta el monitoreo público y el control ciudadano sobre las condiciones de detención.
Durante 2025 se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros lugares de detención. Además, se registraron 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una por traumatismos. Los reclamos recibidos por la PPN ascendieron a 19.539, principalmente relacionados con problemas de salud, acceso al trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia.
Hábeas corpus y retrocesos normativos
Frente a las denuncias, la Procuración realizó monitoreos en cárceles, comisarías, centros socioeducativos de la Ciudad de Buenos Aires y dependencias de fuerzas federales. Como parte de su intervención, emitió seis recomendaciones vinculadas con la expulsión anticipada de personas extranjeras, el derecho a la salud en comisarías y alcaidías, el acceso al trabajo, la falta de profesionales de la salud, la regulación de visitas entre personas detenidas y la prevención de registros corporales intrusivos.
- Se intervinieron 45 hábeas corpus colectivos por condiciones de detención.
- Uno de los casos más relevantes cuestionó la Resolución 372/2025, que limitó el acceso a la educación superior en cárceles federales.
La resolución impugnada prohibió el funcionamiento de centros de estudiantes y restringió el uso de espacios de estudio fuera del horario de cursada, medida que, según la PPN, vulnera el derecho a la educación y afecta los procesos de reinserción social.
Impacto de la reforma laboral en contextos de encierro
El cierre del informe pone el foco en el deterioro del acceso al trabajo para las personas privadas de libertad. La PPN describe una reducción de las horas laborales y cambios normativos que afectan directamente la posibilidad de desempeñar tareas remuneradas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Ese proceso se profundizó con la Reforma Laboral aprobada a fines de febrero de 2026 (Ley N.º 27.802), que excluyó a la población detenida del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Para la Procuración, esto implica un fuerte retroceso en la protección de derechos laborales de un colectivo ya de por sí vulnerable.
La PPN planteó objeciones de tipo constitucional contra las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al considerar que disminuyen las garantías de las personas privadas de libertad y debilitan el objetivo de reinserción social.
En síntesis, el Informe Anual 2025 describe un sistema penitenciario con graves déficits estructurales, mayor opacidad informativa y medidas legales que restringen derechos básicos, mientras la Procuración Penitenciaria sostiene su rol de control y defensa de los derechos humanos de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
