La Corte ordenó aplicar ya la ley y crece la puja con el Gobierno
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sumó un nuevo capítulo institucional luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al Gobierno Nacional su inmediata puesta en marcha. El máximo tribunal rechazó en forma unánime un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano y ratificó la vigencia de la norma, centrada en salarios docentes y no docentes, y en becas estudiantiles.
Desde la Casa Rosada, la administración de Javier Milei volvió a cuestionar el alcance de la ley aprobada por el Congreso, al sostener que la norma fue sancionada sin precisar de qué partidas deberían salir los fondos. Según cálculos oficiales, su cumplimiento demandaría entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, una cifra que, insisten, pondría en riesgo el objetivo de mantener un superávit fiscal estricto.
El Poder Ejecutivo advierte, además, que la aplicación de la ley vulneraría el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a que toda medida que implique un gasto adicional especifique su fuente de financiamiento. Para el Gobierno, al no estar definida esa fuente, la alternativa sería recurrir a la emisión monetaria, lo que —según argumenta— derivaría en más inflación y podría desestabilizar el programa económico conducido por el ministro Luis Caputo.
En el plano universitario, el fallo fue recibido con entusiasmo por gremios docentes y no docentes. La secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Ileana Celotto, sostuvo que la resolución de la Corte llega en un contexto de fuerte malestar en las aulas y en los sectores académicos. Según describió, el veto presidencial y los intentos de recortar la ley encontraron un freno en el Congreso y generaron una ola de repudios a nivel federal.
Reacción de los gremios y debate por los fondos
Celotto consideró que el Gobierno “pretende no pagar” lo que establece la norma y destacó que el fallo se da luego de que se multiplicaran asambleas, plenarios y reuniones en facultades de todo el país. Para la dirigente, el clima que se fue gestando de cara al segundo cuatrimestre anticipa la reactivación de un plan de lucha si no se garantiza la actualización salarial y el refuerzo presupuestario para las universidades nacionales.
La referente de AGD-UBA cuestionó también el argumento oficial sobre la falta de recursos. Señaló que el Estado otorga beneficios a distintos sectores económicos y que, si existe voluntad política, es posible reasignar partidas para asegurar sueldos dignos y sostener el sistema de educación superior pública, uno de los pilares del entramado científico y profesional argentino.
En la misma línea se expresó el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y docente del CBC, Emiliano Cagnacci. El gremialista recordó que la Corte ya se había negado a apartarse de la causa y ahora, con este nuevo pronunciamiento, “pone en valor” la Ley de Financiamiento Universitario al reafirmar la cautelar que protege salarios y becas. Remarcó que, en democracia, “no se puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no”.
Un fallo con impacto político y fiscal
- La Corte ordenó aplicar de inmediato la ley, al menos en lo relativo a haberes docentes, no docentes y becas estudiantiles.
- El Gobierno insiste en que la norma carece de una fuente de financiamiento definida y habla de un costo de hasta 3,6 billones de pesos.
- Gremios universitarios celebran la decisión judicial y anticipan que seguirán reclamando aumentos salariales por encima del 21,3%.
- La discusión se da en un contexto de ajuste del gasto público y de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
“No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia. Es un fallo positivo en función del cumplimiento de la ley”, sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.
Tras conocer el dictamen del máximo tribunal, el Gobierno señaló que la resolución no zanja la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario y que se seguirá analizando su alcance. En paralelo, trascendió que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reforzará las auditorías sobre el uso de fondos en todas las universidades nacionales, con foco en su administración y en la transparencia del gasto.
La disputa por el financiamiento de la educación superior se convierte así en uno de los ejes centrales de la agenda política y económica. Mientras el oficialismo defiende su estrategia de ajuste para sostener el equilibrio fiscal, el sistema universitario reclama previsibilidad presupuestaria y salarios que acompañen el costo de vida, en un escenario donde la definición de prioridades públicas vuelve a estar en el centro del debate.
