Mientras avanza en el acceso a la localidad de Sánchez el montaje de la estructura que servirá como pórtico para la estación de pesaje (y peaje) de camiones proyectada por la administración municipal de Mauro Poletti, el sector empresario estima el impacto negativo que tendrá la medida recaudatoria del intendente de Ramallo, que introducirá un costo logístico significativo que atentará contra la competitividad de Ternium, de Bunge y de las empresas del Parque Comirsa, entre otras.
De la redacción de EL NORTE
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En el sector productivo el tema despierta una fuerte preocupación. Y en el Departamento Ejecutivo Municipal de Ramallo que comanda el intendente Mauro Poletti, una expectativa de jugosa recaudación. Pero ¿a qué costo? Las previsiones tienen que ver con la intención del gobierno ramallense de imponer gravámenes a camiones por el uso de un tramo del ex Camino Provincial 87 y su conexión con la zona industrial de ese distrito: un peaje municipal, ni más ni menos. Y, aparentemente, caro y perjudicial para la actividad y el desarrollo.
¿Por qué en este momento crece la tensión? Porque avanza sobre el acceso a la localidad de Sánchez la obra de montaje de la estructura que servirá de pórtico a la estación de pesaje y peaje.
En el sector empresario entienden que sería inminente la reglamentación de la medida a partir de un decreto que llevará la firma de Poletti: la creación de una estación de peaje que grave a los camiones por el uso del tramo del ex Camino Provincial 87 (actual calle Juan Domingo Perón), en su extensión de 5 kilómetros desde la Ruta Nacional 9 hasta la avenida Industria Nacional, sumados además los 1,5 kilómetros hasta la zona de accesos a la planta General Savio de Ternium y el Parque Comirsa.
No hay todavía precisiones oficiales surgidas del despacho de Poletti o los de sus colaboradores. Pero en las empresas y en las entidades de segundo grado que las representan, existen presunciones, borradores y muchas cuentas.
Habrá que ver cómo se aplica el gravamen, cuál será su modalidad de cobro: si será por pasada, por día, por ingreso – egreso. También, sobre todo, en qué valor será fijado el tributo y de acuerdo a qué criterios.
Números en borrador
En los borradores de los industriales, hay un número estimado, basado en datos extraoficiales que se habrían deslizado hacia el interior de los predios productivos: una tarifa que oscilaría entre los $20.000 y los $25.000. No tienen en claro si ese valor deberá ser afrontado por las empresas de transporte (y claramente trasladado al costo del servicio que pagan las empresas) por día o por pasada.
A partir de esos valores, las cuentas que hacen. Y los alarmantes resultados a los que están llegando. En el corredor que será próximamente arancelado, existe actualmente un alto flujo de tránsito pesado, de entre unos 14.000 y unos 16.000 camiones por mes. Alrededor de 10.000 de esos transportes son los que ingresan a la planta industrial General Savio donde opera Ternium. El resto se distribuye entre Bunge, Loma Negra, Xtorage, Fiplasto, las empresas del parque Comirsa y otros establecimientos productivos o logísticos radicados en la zona.
Aun suponiendo que el peaje de entre $20.000 y $25.000 fuese una tarifa de carácter diaria (no por pasada), el costo para la industria –o, en otros términos, la exorbitante recaudación de la administración de Poletti– sería de entre 3400 y 4300 millones de pesos anuales.
Una suma a todas luces excesiva si es que se trata estrictamente de reunir los recursos suficientes para mantener la transitabilidad de los corredores afectados. Y, por el otro lado, un excesivo costo logístico adicional que el sector de la producción (el mismo que emplea al grueso de los asalariados ramallenses y que marca el ritmo del desarrollo de la comunidad) debería afrontar.
Si la tarifa eventual que evalúan los industriales fuese por cada vez que un camión atraviesa el pórtico, el monto resultante sería de entre 6800 y 8600 millones de pesos anuales.
Con esos valores, el peaje municipal de Poletti estaría entre 110 y 120 más caro (en costo por kilómetro) que, por ejemplo, el peaje de Zárate, que actualmente cobra una tarifa de $7500 a camiones de 5 o 6 ejes para el uso de una extensión de unos 214 kilómetros de la Ruta Nacional 9.
Consenso unánime
En definitiva, y más allá de los números trazados, en la industria de la región hay un consenso unánime en contra de la medida, a la que califican de “estrictamente recaudatoria”. Advierten que la medida introducirá un costo logístico incremental significativo sobre el corredor y sobre la actividad económica.
Y ya se organizan para lo que un industrial que estuvo en contacto con EL NORTE describió como una necesaria “acción inmediata a nivel institucional, legal y operativo”. Empresas de Transporte de la zona y de otros servicios de logística ya están accionando a través de las cámaras empresarias que las representan, en busca de frenar o, al menos, condicionar la medida diseñada por Poletti.
Desde el municipio de Ramallo sostienen que el objetivo principal es reducir el deterioro de rutas y accesos provocado por la circulación de vehículos con exceso de carga, además de mejorar las condiciones de seguridad vial en una zona de intenso tránsito vinculado al Parque Comirsa y al cordón industrial.
