Debate clave en el Senado por propiedad privada y tierras rurales
NewsITe
El Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves un proyecto central en la agenda del Gobierno: la reforma del régimen de propiedad privada, con foco en la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los desalojos, las expropiaciones y el manejo del fuego. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, llega al recinto con cambios respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo.
Según fuentes parlamentarias, uno de los puntos más sensibles del texto es el alcance que tendrán los empresarios extranjeros para adquirir superficies rurales en el país. El proyecto del Gobierno planteaba inicialmente la eliminación total de los límites a la compra de tierras por no residentes, pero las negociaciones en el Congreso derivaron en la incorporación de eventuales topes y nuevas condiciones.
Entre las alternativas que se analizan, se estudia fijar un máximo de kilómetros cuadrados que podría adquirir una misma empresa extranjera. Además, cuando en las operaciones intervengan estados u organismos de otros países, se requerirá la intervención no solo de las provincias y del Poder Ejecutivo nacional, sino también del Congreso, que deberá avalar esas operaciones estratégicas.
Límites a la extranjerización y rol de las provincias
El proyecto establece que, en las operaciones donde no haya participación de estados extranjeros, serán las provincias las que conserven la decisión final sobre la venta de tierras a capitales foráneos. Se reafirma así la jurisdicción plena de cada distrito sobre su territorio, en línea con lo previsto por la Constitución Nacional.
Al mismo tiempo, el texto prohíbe expresamente que estados extranjeros, empresas en las que un país tenga participación accionaria o poder de decisión, y fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por bienes o fondos públicos extranjeros puedan adquirir tierras en la Argentina. El objetivo declarado es evitar que actores estatales externos controlen superficies productivas o estratégicas.
Desalojo exprés y nuevas reglas para alquileres
Otro eje relevante del proyecto es el de los desalojos. Se prevé un mecanismo de desalojo exprés exclusivamente para los casos de inmuebles usurpados, mientras que para el resto de las situaciones se mantienen los plazos de intimación vigentes. El diseño apunta a acelerar la restitución de la propiedad cuando se compruebe ocupación ilegítima.
En materia de alquileres, se fija un plazo de 10 días para intimar de forma fehaciente el pago adeudado. La notificación se considerará válida si se envía al domicilio –real o electrónico– denunciado por el locatario en el contrato, incluso si este se niega a recibirla o impide su perfeccionamiento. Ante la falta de cumplimiento, el locador podrá iniciar el juicio de desalojo por el procedimiento más breve, que tiene un plazo de tramitación de 10 días hábiles.
Expropiaciones: tope a la indemnización por lucro cesante
El dictamen incorpora precisiones sobre las expropiaciones. La declaración de “utilidad pública”, requisito para que el Estado avance con ese tipo de medidas, deberá interpretarse de manera restrictiva y debidamente fundada. El proyecto obliga a que el Estado explique con claridad las razones que justifican la expropiación.
Además, se fija un tope del 30% para la indemnización en concepto de lucro cesante, límite que no estaba previsto en la redacción original. La compensación económica deberá calcularse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que se sumará la tasa de interés del Banco Nación a 30 días, con la intención de resguardar el valor real del resarcimiento.
Cambios en la ley de manejo del fuego
El capítulo de manejo del fuego también atraviesa modificaciones importantes. El proyecto deroga la norma que impedía, durante 30 años, cambiar el uso del suelo en superficies rurales incendiadas, como zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Ese artículo había sido incorporado con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a posibles negocios inmobiliarios.
En el caso de bosques nativos, en cambio, se mantiene la prohibición de modificar el uso y destino establecidos en la normativa vigente, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto en la ley impulsada en su momento por Máximo Kirchner. De este modo, se busca equilibrar la protección ambiental con la posibilidad de redefinir políticas públicas en función del contexto productivo y climático.
El debate en el Senado definirá el alcance de una reforma que combina la defensa de la propiedad privada, el control sobre la extranjerización de la tierra y nuevas reglas en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Con estas modificaciones, el oficialismo espera reunir los consensos necesarios para avanzar con una norma que tendrá impacto directo en el mercado de tierras rurales, en los contratos de alquiler y en la política ambiental de mediano plazo.
