Denuncia por presunto mal desempeño en la causa por la muerte de Franco Casco
El comisario retirado Diego José Álvarez presentó una denuncia formal ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani, a quienes acusa de presunto mal desempeño en la tramitación de la causa por la muerte de Franco Casco, ocurrida en Rosario en octubre de 2014. La presentación, patrocinada por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, pide la apertura de un sumario administrativo y la evaluación de posibles delitos vinculados al manejo de la prueba.
La causa, identificada como Legajo FRO 22074/2014/TO2, investigó la desaparición forzada y posterior muerte de Casco, quien había sido detenido el 7 de octubre de 2014 en la Comisaría 7ª de Rosario por resistencia a la autoridad y liberado esa misma noche. Días más tarde, su cuerpo fue hallado en el río Paraná. En julio de 2023, tras más de un año y medio de juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 2 absolvió a 19 policías y a un vecino imputados, entre ellos el propio Álvarez, aunque ese fallo fue luego anulado por la Cámara Federal de Casación Penal a partir de un recurso de la fiscalía y las querellas.
Es precisamente esa actuación del Ministerio Público Fiscal la que el excomisario cuestiona ahora. En su escrito sostiene que la intervención de los fiscales estuvo “viciada” por el presunto ocultamiento de pruebas favorables al personal policial, el uso de afirmaciones que considerarían contradictorias con lo probado en el debate oral y una construcción de la hipótesis acusatoria basada, según su planteo, en testimonios débiles y en un manejo selectivo de la evidencia.
Autopsias, peritajes y el rol de la perito de parte
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la prueba médica producida en el expediente. Álvarez recuerda que sobre el cuerpo de Casco se realizaron cuatro autopsias, todas coincidentes en que no se observaron lesiones traumáticas y que el diagnóstico se orientó hacia una asfixia mecánica por sumersión. El médico forense Raúl Rodríguez, según la presentación, habría descartado indicios objetivos de torturas, mientras que la histopatóloga de la Corte Suprema, Adriana D’Addario, habría detectado marcadores compatibles con ahogamiento en el tejido pulmonar.
La denuncia cuestiona que el fiscal Arrigo haya apoyado buena parte de su recurso ante Casación en la pericia de la médica de parte Virginia Creimer, minimizando o dejando al margen las conclusiones coincidentes del resto del cuerpo médico forense. De acuerdo con el escrito, la propia Creimer habría admitido en el juicio que se refería a “generalidades” cuando habló de posibles signos de tortura y que no había constatado personalmente esas lesiones.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el abogado penalista Rodrigo Mazzuchini sostuvo que, a partir de la prueba médica y fílmica, la hipótesis más sólida es que “Franco Casco murió ahogado en la costa, en la ribera de Rosario, murió en el río Paraná”. El letrado remarcó que las distintas juntas médicas descartaron una muerte violenta y, aunque la ausencia de estudios de diatomeas impidió una certeza absoluta, el cuadro se aproximaría a una muerte por sumersión.
Testimonios bajo la lupa y las versiones sobre la detención
Otro punto fuerte del planteo de Álvarez es el tratamiento de la prueba testimonial. Según la denuncia, de los 33 testigos que declararon en el juicio, 17 habrían brindado versiones desincriminantes para los policías imputados. Pese a ello, la fiscalía habría apoyado su teoría del caso casi exclusivamente en el relato de un detenido, Pablo Arguello, a quien el excomisario acusa de haber recibido beneficios procesales.
El escrito subraya que, de acuerdo con los registros del Libro Memorándum de Guardia, Arguello se encontraba alojado en un sector diferente al que él mismo describió, separado por paredes que le impedían ver el lugar donde supuestamente estaba Casco. Al ser consultado en el debate por beneficios recibidos, el testigo respondió: “No me prometieron, me cumplieron”, frase que la defensa interpreta como una admisión de trato preferencial.
La presentación también cuestiona lo que describe como cambios sucesivos en la versión oficial de la fiscalía sobre el momento y lugar de la detención de Casco. Según el detalle, primero se afirmó que la aprehensión fue a las 21.32 del 6 de octubre cerca de la estación Rosario Norte; más tarde, en los alegatos de cierre, se amplió la franja horaria y se omitió precisar el sitio; y finalmente, ante Casación, se introdujo una tercera hipótesis basada en una comunicación radial en la zona de Santa Fe y Avellaneda.
Videos, documentos “perdidos” y el estado actual del expediente
La denuncia además señala la presunta omisión o subestimación de evidencia audiovisual. Entre otros elementos, menciona videos que mostrarían a Casco caminando por la vía pública horas después de haber sido liberado, con pericias que habrían confirmado su identidad. Esos registros, asegura el escrito, permanecieron durante meses en la secretaría de la Fiscalía Federal Nº 1 y recién salieron a la luz cuando el Tribunal Oral los difundió en diciembre de 2021, generando repercusión mediática.
También se describen episodios vinculados a la desaparición temporal de documentación relevante: un informe sobre mejoramiento de imágenes de cámaras de seguridad que habría estado “extraviado” durante años pese a pedidos reiterados de la defensa, y una pericia odontológica de la Universidad Nacional de Rosario que habría permanecido fuera del expediente hasta que un medio local informó sobre su existencia.
Álvarez y su defensa sostienen, además, que el fiscal habría hecho un uso “ambivalente” del Libro Memorándum de Guardia, considerándolo un documento válido cuando respaldaba la acusación, pero descalificándolo cuando la contradecía, sin promover acciones por presunta falsedad si realmente dudaba de su contenido. En paralelo, remarcan que no existían antecedentes judiciales ni administrativos por violencia institucional contra el personal de la Comisaría 7ª previos al caso Casco.
Pedido de sumario, posibles delitos y causa abierta en la Corte
En el tramo final, el escrito solicita a la Procuración General la apertura de un sumario administrativo disciplinario en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el apartamiento preventivo de los fiscales denunciados y la eventual remisión de las actuaciones a la justicia penal por presunta comisión de delitos vinculados a falsedad de instrumentos públicos, encuadrados en los artículos 292 y 271 del Código Penal.
La presentación se suma a otras dos denuncias ya radicadas por la misma defensa: una por falso testimonio agravado contra detenidos que declararon contra los policías y otra por calumnias e injurias contra uno de los testigos clave. Mientras tanto, el expediente principal por la muerte de Franco Casco continúa su trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de los recursos de Casación y el Recurso Extraordinario Federal presentados contra el fallo que anuló las absoluciones de 2023.
Hasta el momento, la Procuración General de la Nación no se pronunció públicamente sobre la denuncia, que abre un nuevo capítulo en una causa que, casi una década después, sigue generando fuertes controversias en el ámbito judicial y político.
