ATE rechaza la convocatoria oficial para revisar convenios
El Gobierno nacional convocó formalmente a los gremios estatales a renegociar los convenios colectivos de trabajo en la administración pública. La decisión, enmarcada en la política laboral de la gestión de Javier Milei, generó una respuesta inmediata de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que calificó la propuesta como un “chantaje” y una “extorsión” orientada a que los empleados públicos resignen derechos y beneficios conquistados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, confirmó que el sindicato concurrirá a la audiencia convocada por las autoridades nacionales, pero adelantó que rechazarán cualquier intento de modificación que implique un retroceso en las condiciones laborales o salariales vigentes. “Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos”, expresó el dirigente en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
Aguiar sostuvo que los trabajadores estatales están dispuestos a discutir los convenios colectivos, pero remarcó que ese debate debe darse “en un marco de libertad y voluntariedad”, sin presiones ni condicionamientos del Estado empleador. Según su mirada, la convocatoria oficial no apunta a actualizar o mejorar los acuerdos, sino a profundizar lo que describió como “políticas antisindicales y de destrucción de derechos sociales”.
En ese sentido, el titular de ATE advirtió que la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dejó de actuar como ámbito moderador de las negociaciones entre las partes para convertirse, según definió, en “un brazo ejecutor del ajuste” impulsado por el Poder Ejecutivo. La cartera conducida por Sandra Pettovello envió notificaciones a organismos como PAMI, ANSES y ACUMAR, entre otros, para iniciar el proceso de revisión de la normativa vigente.
Preocupación por salarios, adicionales y pérdida de beneficios
Entre las principales alarmas que enciende la renegociación, ATE subraya que existen convenios que contemplan bonos, adicionales y otros componentes salariales que podrían dejar de percibirse durante el período de discusión. Aguiar advirtió que no aceptarán que el mecanismo se transforme en una herramienta para aplicar una “brutal rebaja salarial” sobre ingresos que, recordó, se encuentran congelados desde diciembre de 2023.
La ofensiva oficial sobre los convenios colectivos se da en paralelo al cambio de reglas en el sector privado tras la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley de Modernización Laboral (27.802). En ese marco, los sindicatos alertan que, sin la garantía de continuidad automática de los acuerdos, cada renegociación puede implicar la pérdida efectiva de derechos si se desarrolla en un contexto de fuerte desequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.
- ATE ratificó que asistirá a la reunión convocada por el Gobierno, pero con mandato de no aceptar recortes de derechos.
- El gremio denuncia que la Secretaría de Trabajo actúa como instrumento del ajuste y no como mediadora imparcial.
- La discusión se inscribe en un escenario de salarios estatales congelados y creciente conflictividad gremial.
“La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla”, advirtió Rodolfo Aguiar.
Desde ATE anticipan que, si el Gobierno persiste en un esquema de renegociación orientado a recortar beneficios y rebajar salarios, se profundizarán las medidas de fuerza en el Estado nacional y en los organismos descentralizados afectados. En paralelo, otros gremios del sector público y privado siguen de cerca la evolución del conflicto, ante el temor de que siente un precedente para futuras discusiones paritarias y rediseñe el mapa de derechos laborales en la Argentina.
