El Gobierno de Paz endurece su respuesta a la crisis social
NewsITe
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional luego de más de seis semanas de protestas, huelgas y bloqueos de rutas impulsados por organizaciones indígenas y cocaleras afines al exmandatario Evo Morales. La decisión marca una escalada en la crisis política y social que atraviesa el país andino y busca desactivar los cortes que paralizan la circulación de bienes esenciales.
El anuncio se produjo tras el fracaso de los intentos de diálogo. Pese a que el Gobierno había alcanzado un entendimiento con la Central Obrera Boliviana (COB) para encauzar la conflictividad, sectores de la Federación Túpac Katari y productores cocaleros vinculados a Morales rechazaron el acuerdo y resolvieron sostener los bloqueos en las principales rutas del país, profundizando el clima de tensión.
“Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, comunicó Paz, rodeado de su gabinete de ministros. En ese marco, el mandatario denunció la existencia de “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, frase con la que volvió a responsabilizar al expresidente Morales de fogonear las protestas con recursos provenientes del tráfico de drogas.
Una crisis económica y política que se agrava
Las movilizaciones comenzaron a principios de mayo, según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga general acompañada de cortes de rutas. Los reclamos se centraron en la exigencia de medidas frente a la crisis económica, considerada la más severa de las últimas cuatro décadas, y en el rechazo a la comercialización de gasolina de presunta mala calidad.
Ante la falta de respuestas concretas y el endurecimiento de las posiciones, las organizaciones extendieron el bloqueo de caminos a buena parte del país y sumaron a sus demandas la renuncia del presidente Paz. En ciudades clave como La Paz y su vecina El Alto se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en un contexto de escasez de alimentos, medicamentos y combustibles por la interrupción de la cadena de abastecimiento.
Acusaciones cruzadas y un trasfondo judicial
Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre pasado, tras dos décadas de predominio de gobiernos de izquierda. Desde entonces, su administración sostiene que las manifestaciones actuales son parte de una estrategia política de Evo Morales para desestabilizar al Gobierno. Según denuncian desde el oficialismo, el exmandatario estaría financiando las protestas mediante fondos provenientes del narcotráfico y articulando la resistencia desde la región del Chapare cocalero, en el centro del país.
Morales se encuentra oculto y bajo la mira de la Justicia boliviana por una causa de trata de una menor que habría quedado embarazada, lo que agrava el cuadro de conflictividad política. El expediente judicial añadió un componente personal al enfrentamiento entre el actual presidente y el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS), convirtiendo a la crisis en una disputa que combina puja institucional, acusaciones penales y presión callejera.
- Estado de excepción decretado en todo el territorio boliviano.
- Bloqueos de rutas impulsados por sectores indígenas y cocaleros.
- Grave crisis económica y desabastecimiento de bienes básicos.
- Acusaciones del Gobierno a Evo Morales por promover un “golpe” y financiar protestas.
- Exmandatario oculto en el Chapare y comprometido en una causa de trata.
“Hay un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, sostuvo el presidente Rodrigo Paz al anunciar el estado de excepción.
Con el decreto de excepción, el Gobierno gana herramientas para restringir reuniones, movilizaciones y circulación, así como para reforzar el despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas más conflictivas. Sin embargo, el desenlace de la crisis dependerá de la capacidad del oficialismo y de la oposición de retomar canales de negociación política que permitan descomprimir la tensión social y evitar una mayor escalada de violencia en Bolivia.
