La Cámara Civil respaldó el cambio de jurisdicción de la entidad
NewsITe
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo un respaldo clave en los tribunales: la Cámara Nacional en lo Civil convalidó el traslado de su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar y dejó sin efecto la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia a partir de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El fallo, firmado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, consideró que, una vez concretado el cambio de sede y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, la fiscalización de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. De esta manera, la IGJ pierde competencia para controlar a la AFA y para inscribir sus actos en el Registro Público nacional.
“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, remarcaron los jueces en su resolución, al sostener que la autoridad de contralor ahora es exclusivamente provincial. La Cámara, además, declaró nula la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también anuló la disposición del Ministerio de Justicia que había habilitado la presencia de veedores por 180 días hábiles.
Cómo se originó la disputa por la sede de la AFA
El conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando la Asamblea General de la AFA aprobó una reforma estatutaria para mudar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar. Tras esa decisión, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires inscribió el cambio de jurisdicción, consolidando la radicación de la casa madre del fútbol argentino en territorio bonaerense.
A partir de ese movimiento, la IGJ objetó la modificación y promovió medidas de supervisión, entre ellas la designación de veedores. Sin embargo, la Cámara entendió que el organismo nacional no puede revisar actos emitidos por una autoridad provincial ni cuestionar la validez de un domicilio social ya reconocido en otra jurisdicción. Según el fallo, los actos administrativos de los organismos locales mantienen plena vigencia mientras no sean impugnados por las vías correspondientes.
Alcance del fallo y límites a la IGJ
Para los camaristas, la IGJ carece de facultades para ejercer un “control revisor” sobre decisiones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. El criterio sienta un precedente en materia de autonomía provincial y delimitación de competencias entre organismos de control, especialmente en entidades deportivas y asociaciones civiles de alcance nacional que optan por radicarse fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
- La fiscalización de la AFA pasa a depender de la provincia de Buenos Aires.
- Se anulan la resolución de la IGJ y la designación de veedores.
- La inscripción en el Registro Público nacional queda cancelada.
El fallo también precisa que el control sobre los estados contables y la transparencia institucional de la AFA no desaparece, sino que se traslada a la autoridad competente bonaerense, que deberá supervisar balances y actos societarios conforme a la normativa provincial.
Investigaciones penales: qué sigue para Tapia y la AFA
La resolución de la Cámara Civil aclara que este pronunciamiento no altera el curso de las causas penales que involucran a la AFA y a algunos de sus principales dirigentes. Entre los expedientes en trámite figura una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con propiedades ubicadas en Pilar, así como otra causa en la que Claudio Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por presunta retención indebida de aportes.
La Justicia civil respaldó el traslado institucional y limitó el alcance de la IGJ, pero las causas penales seguirán su curso en los tribunales correspondientes.
Con este fallo, la conducción de Tapia obtiene una victoria en el frente institucional y regulatorio, al consolidar la sede de la AFA en Pilar y neutralizar el intento de intervención de la IGJ. No obstante, el escenario judicial continúa abierto en materia penal, y el desenlace de esas investigaciones será clave para el futuro político y administrativo de la entidad que gobierna el fútbol argentino.
