Ecuador refuerza medidas de seguridad ante el avance del crimen organizado
NewsITe
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un nuevo decreto de estado de excepción por un plazo de 60 días en diez provincias y tres cantones del país, con el argumento de una “grave conmoción interna” provocada por el crecimiento sostenido de la violencia criminal y las actividades de grupos armados organizados.
La medida se aplica en las provincias costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, así como en Azuay, Pichincha —donde se encuentra la capital, Quito—, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, en la Amazonía. También alcanza a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar), zonas donde se han registrado incidentes vinculados al crimen organizado.
El decreto establece la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que habilita a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de presencia de integrantes de bandas criminales o de estructuras de delincuencia organizada en propiedades privadas.
Alcances del decreto y rol de las Fuerzas Armadas
De acuerdo con lo informado por el Gobierno ecuatoriano, la normativa también permite actuar en casos en los que se presuma la existencia de armas, municiones, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización, con el objetivo de prevenir ataques y desarticular células delictivas. Las fuerzas de seguridad podrán identificar, analizar y recopilar información considerada clave para neutralizar amenazas.
El decreto de Noboa contempla además la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito que resulten necesarios para sostener las operaciones de las fuerzas armadas y policiales. Se trata de una medida excepcional que busca dotar de mayores herramientas al Estado en un contexto de creciente conflictividad.
En los fundamentos del documento oficial se detalla que, entre el 1 y el 12 de junio, se verificó un incremento “significativo” de hechos violentos, ataques armados y delitos atribuidos a organizaciones criminales, lo que provocó una fuerte alarma social y un impacto directo en la vida cotidiana de la población y en la actividad económica.
Escalada de violencia y preocupación social
Las autoridades ecuatorianas vinculan la actual crisis de seguridad con la expansión de bandas dedicadas al narcotráfico, al sicariato, al secuestro extorsivo y a robos a gran escala. Estos grupos se disputan territorios estratégicos para el comercio ilegal de drogas y otros delitos, en particular en provincias costeras y zonas de frontera.
- Incremento de asesinatos y homicidios en distintos puntos del país.
- Denuncias de secuestros extorsivos y amenazas a comerciantes y vecinos.
- Operativos policiales y militares para recuperar el control territorial.
- Impacto económico por el cierre de comercios y la caída de la actividad nocturna.
El Gobierno considera “imprescindible” la intervención de las Fuerzas Armadas mediante mecanismos excepcionales para, según el decreto, “disminuir el estupor ciudadano” y contener la conmoción social generada por la violencia.
Este nuevo estado de excepción se suma a otras medidas de seguridad implementadas en los últimos meses por la administración de Noboa, en el marco de una estrategia que combina la presencia militar en las calles, el refuerzo de controles en zonas sensibles y la búsqueda de apoyo internacional para enfrentar al crimen organizado que opera en la región.
