El principal acusado había salido de prisión dos meses antes
El caso del femicidio de Cinthia Lazarte conmociona a Tucumán y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal. El principal acusado, Roberto Fuentes, había recuperado la libertad en abril de este año tras cumplir una condena por abuso sexual, y ahora enfrenta cargos por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La causa se ventila en los tribunales tucumanos, donde en las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Allí, el Ministerio Público Fiscal detalló la mecánica del crimen y solicitó que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación.
De acuerdo con la acusación, Lazarte fue víctima de una brutal agresión. Los investigadores sostienen que sufrió golpes con un objeto contundente, además de heridas cortantes, antes de ser estrangulada con un cable negro. Luego del ataque, y según la hipótesis fiscal, se prendió fuego el auto con el objetivo de destruir posibles evidencias y entorpecer la pesquisa.
La fiscalía llegó hasta Fuentes a partir de diversos elementos probatorios: declaraciones de vecinos, análisis de la escena del crimen y pericias que revelaron que el acusado presentaba lesiones compatibles con maniobras defensivas de la víctima. Estos indicios fortalecieron la imputación por femicidio y permitieron sostener el pedido de prisión preventiva.
Antecedentes penales y fuerte cuestionamiento al sistema
Uno de los datos que más indignación generó durante la audiencia fue la confirmación de los antecedentes del imputado. Fuentes había sido condenado a seis años de prisión por abuso sexual y, según se indicó, había salido de la cárcel a comienzos de abril. Apenas dos meses después, se lo acusa de haber asesinado a Cinthia Lazarte, lo que reabre el debate sobre los controles y evaluaciones de riesgo al momento de otorgar libertades.
En la presentación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio subrayó la gravedad del hecho y el carácter planificado de las maniobras posteriores al crimen. Remarcó, además, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y el componente de violencia de género que agrava la calificación legal del homicidio.
“Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, ya que después de causar la muerte intentó eliminar rastros aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, sostuvo el auxiliar fiscal Lucas Maggio durante la audiencia.
Tras escuchar a las partes, la jueza María Alejandra Balcázar hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó seis meses de prisión preventiva para Fuentes. La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de asegurar el normal desarrollo del proceso y proteger a testigos y allegados a la víctima que aún deben declarar.
Fundamentos de la prisión preventiva y avance de la causa
En su resolución, Balcázar sostuvo que existe un riesgo concreto de fuga del acusado, así como la posibilidad de que intente influir en testigos o entorpecer otras diligencias probatorias. La prisión preventiva, explicó, busca garantizar la eficacia de la investigación y el eventual juicio oral, en un contexto en el que la violencia de género y los femicidios siguen siendo una problemática grave en todo el país.
El caso de Cinthia Lazarte se suma a las estadísticas de violencia extrema contra las mujeres en la Argentina y vuelve a poner en agenda la discusión sobre las medidas de protección, la revisión de antecedentes y la responsabilidad del Estado en la prevención de este tipo de crímenes. En los próximos meses, la fiscalía continuará reuniendo pruebas, tomando declaraciones y analizando peritajes clave para llegar a la elevación a juicio.
Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima reclaman justicia y un proceso rápido y transparente, al tiempo que organizaciones feministas y de derechos humanos exigen políticas más efectivas para evitar que agresores con antecedentes vuelvan a representar un riesgo para las mujeres.
