Un consorcio integrado por acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de la cooperativa presentó una medida cautelar ante la Justicia de Rafaela para suspender la licitación de los activos de SanCor. También impulsa un plan alternativo para mantener la actividad de la empresa.
La crisis de SanCor ingresó en una nueva etapa luego de que un grupo de acreedores iniciara una ofensiva judicial, institucional y política para intentar frenar la venta de los activos de la histórica cooperativa láctea. El objetivo es impedir el remate de las plantas industriales y las marcas de la empresa, cuya quiebra abrió el proceso de liquidación de bienes para afrontar las deudas acumuladas.
El denominado Consorcio de Acreedores de SanCor, integrado por acreedores laborales y comerciales, productores tamberos y asociados de la cooperativa, presentó una medida cautelar autónoma de prohibición de innovar ante la Justicia de Rafaela. La acción busca suspender el llamado a licitación de seis plantas industriales y del portafolio de marcas de la compañía, según informó el portal especializado iProfesional.
La presentación se produjo en el marco del proceso judicial que atraviesa la firma tras años de dificultades financieras que derivaron primero en un concurso preventivo y luego en la declaración de quiebra. De acuerdo con la información publicada por iProfesional, la empresa acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares entre compromisos comerciales, laborales, fiscales y obligaciones con integrantes de la cadena productiva.
Reclamo contra la venta de los activos
Los acreedores sostienen que el proceso de remate podría derivar en una fragmentación de la compañía y afectar la estructura productiva vinculada a la actividad láctea en distintas regiones del país. Por ese motivo, reclaman que se evalúen alternativas que permitan sostener la continuidad operativa de la empresa en lugar de avanzar directamente hacia la liquidación.
Además de la cautelar, el consorcio presentó un recurso ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Allí cuestionó que el juzgado de primera instancia cerrara el tratamiento de un plan alternativo de continuidad empresarial el mismo día en que se decretó la quiebra.
Según los representantes del grupo, esa decisión impidió analizar una propuesta distinta a la liquidación de los activos. También plantearon la necesidad de preservar el entramado productivo y las fuentes laborales asociadas a la cooperativa.
La estrategia legal es encabezada por el estudio Regali & Asociados, a través de los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo. El espacio reúne a distintos sectores afectados por la crisis de la empresa y busca concentrar los reclamos en una propuesta de reorganización.
Pedido de investigación y plan alternativo
Entre las medidas impulsadas, el consorcio también solicitó una investigación penal sobre los incendios que afectaron instalaciones del núcleo operativo de la planta de Sunchales. Los representantes legales señalaron que una eventual acción intencional podría haber reducido el valor de los activos y perjudicado a los acreedores.
En paralelo, los impulsores de la iniciativa solicitaron una audiencia con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, con la intención de coordinar acciones destinadas a preservar los puestos de trabajo y la estructura productiva vinculada a la cooperativa. El planteo recibió respaldo de intendentes, concejos deliberantes, cámaras empresarias y sectores comerciales de distintas localidades relacionadas con SanCor.
Mientras tanto, continúa vigente el proceso de licitación de los activos. El esquema contempla la venta de seis plantas industriales ubicadas en Sunchales, Gálvez, Devoto, La Carlota, Balnearia y San Guillermo, además del paquete de marcas de la empresa, con una base cercana a los 52 millones de dólares.
Entre las compañías e inversores que analizan una eventual adquisición aparecen Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela. A la vez, el consorcio promueve el denominado Plan 51/49, una propuesta que prevé que el 51% de la empresa quede en manos de capitales privados y que el 49% restante sea administrado mediante un fideicomiso productivo integrado por trabajadores, tamberos y proveedores, quienes convertirían sus acreencias en participación accionaria.
“No estamos defendiendo solo una empresa; estamos defendiendo un ideal de país basado en el trabajo digno”, sostuvo el Consorcio en un documento difundido públicamente.
