Decreto para flexibilizar la designación de la Corte Suprema
NewsITe
El Gobierno nacional se prepara para avanzar, en las próximas horas, con un decreto que modificará el sistema para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión, confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes oficiales, apunta a cambiar el esquema vigente desde 2003 y a flexibilizar los criterios que hoy rigen para proponer a los integrantes del máximo tribunal.
En la Casa Rosada señalan que el objetivo político es “transparentar el proceso de nominación y designación” de los ministros de la Corte, que actualmente funciona con solo tres miembros sobre los cinco que prevé la Constitución. En la práctica, la Casa de Gobierno buscará ampliar el margen de maniobra del Poder Ejecutivo a la hora de seleccionar candidatos.
El cambio se realizaría mediante la modificación del decreto 222/2003, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, conocido como decreto de “autolimitación presidencial”. Aquella norma incorporó una serie de recomendaciones y criterios sobre el perfil de los postulantes, que incluyeron aspectos como la especialidad jurídica, la representación de género y el equilibrio regional en la composición del tribunal.
Qué aspectos se modificarían del decreto 222/2003
De acuerdo con las fuentes consultadas, el nuevo texto eliminaría la obligación de respetar esos requisitos sugeridos en torno a la especialidad de los candidatos (por ejemplo, derecho penal, constitucional o administrativo), su género y su procedencia geográfica. De este modo, el Poder Ejecutivo no tendría condicionamientos formales sobre la conformación final de la Corte.
- Se dejarían sin efecto las recomendaciones de equilibrio de género.
- Se quitaría la exigencia de representación regional entre los ministros.
- Se flexibilizarían los criterios sobre especialidad jurídica de los postulantes.
Si bien el Gobierno insiste en que la intención es dotar de mayor transparencia al procedimiento, el posible decreto abre un debate político e institucional de fondo: cómo debe integrarse el máximo tribunal y qué grado de autolimitación debe imponer el Poder Ejecutivo sobre sí mismo a la hora de proponer jueces ante el Senado.
El decreto 222/2003 fue considerado en su momento un gesto de autolimitación del Presidente para fortalecer la independencia judicial y la credibilidad de la Corte.
Con solo tres jueces en funciones, cualquier movimiento en las reglas de nominación adquiere especial relevancia. De concretarse la reforma, el oficialismo contaría con un mayor margen para avanzar con futuros nombramientos y para definir el perfil de una Corte Suprema que será clave en la resolución de los principales conflictos institucionales y económicos del país en los próximos años.
