El fiscal Rodríguez sigue frenado por un posible jury
El fiscal cordobés Iván Rodríguez, señalado por haber ordenado la liberación bajo fianza de Claudio Barrelier meses antes del femicidio de la adolescente Agostina Vega, continúa sin poder asumir su nuevo cargo como Procurador Penitenciario Adjunto. La designación, votada por la Legislatura de Córdoba el 30 de diciembre de 2025, quedó en suspenso mientras avanza el análisis de un posible jury de enjuiciamiento en su contra.
Rodríguez había sido elegido para ocupar un rol clave en el control del sistema penitenciario provincial y debía asumir formalmente a comienzos de junio. Sin embargo, la polémica por su actuación en la causa previa contra Barrelier –investigado por privación ilegítima de la libertad– reconfiguró el escenario institucional y puso bajo revisión su idoneidad para el puesto.
En aquella causa, el empleado municipal estuvo detenido casi veinte días, hasta que el pago de una fianza le permitió recuperar la libertad. La víctima había denunciado públicamente la falta de avances en el expediente durante un año, lo que ahora se suma a los cuestionamientos por presunta morosidad y negligencia en la investigación.
Pedidos de jury y fuertes críticas a la actuación fiscal
Legisladores de la oposición cordobesa confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que ya se presentaron pedidos formales de juicio político (jury) contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Las presentaciones se fundamentan en supuesta negligencia grave, mal desempeño de sus funciones y demoras injustificadas en la tramitación de la causa que involucraba a Barrelier antes del femicidio.
A casi un mes del crimen de Agostina Vega, que conmocionó a la provincia y reavivó el debate sobre la actuación del Poder Judicial en casos de violencia de género, ya son al menos tres los pedidos de jury impulsados para que ambos funcionarios sean sometidos a evaluación por la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba.
La paralización de la ceremonia de asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario Adjunto se interpreta en el ámbito político y judicial como un mensaje de cautela institucional. De avanzar el jury, la discusión no solo abordará la liberación de Barrelier bajo fianza, sino también el seguimiento general del expediente y las herramientas que el Ministerio Público Fiscal utiliza para prevenir hechos de violencia extrema cuando existen antecedentes.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas insisten en que el caso expone fallas estructurales en la respuesta estatal frente a las denuncias por violencia de género y reclaman responsabilidades políticas y judiciales.
Mientras se espera la definición de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento, el caso se convirtió en un nuevo punto de tensión entre el oficialismo y la oposición en Córdoba, y reabrió el debate sobre los criterios de excarcelación y las obligaciones de protección hacia las víctimas en contextos de violencia machista.
