Diputados de la Coalición Cívica denuncian a Manuel Adorni
NewsITe
Diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025. La presentación, radicada en los tribunales federales, apunta a determinar si el funcionario incurrió en omisiones relevantes e información incorrecta en los documentos oficiales que debe presentar como integrante del Poder Ejecutivo.
La denuncia, firmada por los legisladores Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, sostiene que Adorni habría omitido declarar bienes y activos en sus informes patrimoniales, entre ellos tenencias en criptomonedas, una herencia en efectivo y propiedades inmobiliarias. Los diputados piden que se investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica, contemplado en el Código Penal argentino para casos de declaraciones falsas en documentos públicos.
Según el escrito, el origen de la denuncia se vincula con las propias explicaciones públicas brindadas por Adorni en entrevistas periodísticas, donde reconoció errores en sus declaraciones juradas y señaló que ya había presentado rectificaciones ante la Oficina Anticorrupción. Para los denunciantes, estas correcciones posteriores no anulan una eventual responsabilidad penal por las presuntas omisiones iniciales.
Los bienes en la mira y las posibles consecuencias
En la presentación judicial se detallan al menos tres bienes que, según Frade y Ferraro, no habrían sido informados de manera adecuada: un inmueble ubicado en el country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz; un departamento en el barrio porteño de Caballito; y una propiedad heredada en la ciudad de La Plata. A esto se suman activos financieros y tenencias en criptomonedas, que también forman parte del patrimonio bajo análisis.
Los diputados remarcan que el jefe de Gabinete sostuvo durante varios meses que su patrimonio estaba correctamente declarado y que recién después admitió la existencia de bienes no incluidos en las presentaciones originales. Para los legisladores, esa conducta podría haber interferido en los mecanismos de control previstos por la Ley de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a brindar información completa y veraz sobre su situación patrimonial.
Otro de los puntos señalados en la denuncia hace referencia al informe de gestión que Adorni presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril. Allí, según Frade y Ferraro, también se habrían reflejado inconsistencias en la información patrimonial, lo que refuerza el pedido de que la Justicia analice si hubo falsedad ideológica en documentos dirigidos al Congreso.
Ética pública, control institucional y rol de la Justicia
Para los denunciantes, el caso reviste especial gravedad institucional por el cargo que ocupa Adorni dentro del Gabinete nacional. Las declaraciones juradas son consideradas una herramienta clave de transparencia para prevenir conflictos de interés, enriquecimiento ilícito y otras conductas incompatibles con la función pública.
- Se investiga si hubo omisiones deliberadas en las declaraciones juradas.
- La figura penal señalada es la de falsedad ideológica en documentos públicos.
- La denuncia no se superpone con la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- Intervienen la Oficina Anticorrupción y la Justicia federal en el análisis del caso.
“Las declaraciones juradas son documentos públicos y cualquier ocultamiento deliberado puede constituir falsedad ideológica”, remarcaron Frade y Ferraro al fundamentar la presentación.
En el escrito, los diputados aclaran que su denuncia se centra exclusivamente en las declaraciones juradas y en la eventual existencia de datos falsos o incompletos, diferenciándose de otra causa en curso por presunto enriquecimiento ilícito. Solicitan que se abra una investigación penal, se recojan pruebas y se determine si correspondieron o no las rectificaciones presentadas por el funcionario.
A partir de ahora, será la Justicia la que definirá los próximos pasos del expediente: desde la citación de testigos y el pedido de documentación a organismos de control, hasta la eventual imputación del jefe de Gabinete. En caso de comprobarse los hechos denunciados, podrían aplicarse sanciones que incluyan la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en un contexto de fuerte discusión social sobre la transparencia y la ética en la gestión estatal.
