Gendarmes recibieron duras penas por tráfico de cocaína
NewsITe
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta condenó a siete integrantes de una organización narcocriminal vinculada a la Gendarmería Nacional, por dos operativos de transporte de cocaína que sumaron 334 kilos y fueron desbaratados en la provincia durante 2024. Las penas impuestas van de los tres a los 15 años de prisión y alcanzan tanto a efectivos en actividad como a exonerados y colaboradores civiles.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. A partir de un procedimiento de flagrancia, la pesquisa permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura logística sofisticada que, según se acreditó en el juicio, aprovechaba el conocimiento operativo de integrantes de la fuerza para mover grandes cargamentos de droga.
El tribunal, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, también ordenó el decomiso de una vivienda ubicada en la ciudad de Orán y de tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— empleadas por la organización para el transporte de los estupefacientes. Esas medidas patrimoniales apuntan a quitarle capacidad operativa y ganancias al entramado delictivo.
Las condenas y el rol de cada integrante
Entre las penas más altas se encuentran las de Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, quienes recibieron 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos episodios distintos. En la misma causa, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante de Posadas, fue condenado a 14 años de cárcel bajo la misma calificación.
En tanto, Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió 12 años de prisión por su intervención en uno de los transportes. Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad al momento de los hechos y destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito agravado, tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.
El fallo también alcanzó a otros dos acusados con penas de ejecución condicional. Federico Rubén Batista, miembro activo de la fuerza, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarios. Para la Justicia, ambos aportaron colaboración a la estructura principal, aunque sin el nivel de responsabilidad de los principales organizadores.
Operativos, impacto social y argumentos del tribunal
Los dos hechos juzgados se concretaron en mayo de 2024, en la localidad de General Pizarro, y en octubre del mismo año, en Rosario de la Frontera. En ambos casos se trató de traslados de importantes cantidades de cocaína a bordo de vehículos de alta gama, lo que, según el Ministerio Público Fiscal, evidenció una logística aceitada y recursos significativos.
- En total se secuestraron 334 kilos de cocaína con una pureza del 84%.
- Peritajes químicos calcularon un potencial de producción superior a 2.700.000 dosis.
- El tribunal destacó la participación de integrantes y exintegrantes de una fuerza de seguridad federal.
“Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas. La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, remarcó la jueza Gabriela Catalano al fundamentar las condenas.
Para los magistrados, el caso expuso la gravedad institucional que supone que integrantes de una fuerza encargada de combatir el narcotráfico participen de la misma actividad ilícita que deben prevenir. En esa línea, las penas, los decomisos y el énfasis en el impacto social de la droga buscan enviar una señal de tolerancia cero frente a estructuras delictivas que se valen de recursos estatales para operar.
