El oficialismo busca ordenar la agenda legislativa en la Cámara baja
NewsITe
En medio de las tensiones internas con Patricia Bullrich y con el Senado bajo fuerte protagonismo de la ministra de Seguridad, el Gobierno nacional intenta recuperar la iniciativa política en la Cámara de Diputados. Para eso, activó el debate de dos proyectos considerados claves para su hoja de ruta económica e institucional: la ley de “Súper RIGI” y la llamada ley de lobby.
Este miércoles, a las 11, se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. Más tarde, desde las 14, será el turno del plenario de Presupuesto, Industrias y Ciencia, que abordará el nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones, conocido como Súper RIGI, orientado a industrias de frontera tecnológica.
De acuerdo con la hoja de ruta que el titular de Diputados, Martín Menem, comunicó a los jefes de bloque, el oficialismo buscará emitir dictamen la próxima semana y llegar con ambos proyectos listos para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio. En ese temario también figura la iniciativa que habilita un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
Una ley de lobby con foco en la transparencia
El proyecto de ley de lobby replica parcialmente experiencias internacionales, en especial el modelo estadounidense, y apunta a blanquear y ordenar las gestiones de intereses que hoy se realizan sin un marco claro. La propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses, en el que deberán inscribirse tanto lobistas profesionales como representantes de empresas, cámaras y organizaciones que procuren influir sobre decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso.
Quienes se registren deberán presentar declaraciones juradas detallando a quién representan, qué intereses sectoriales defienden, quiénes son sus clientes y quiénes resultan potencialmente beneficiados por sus gestiones. Además, cada reunión o contacto deberá quedar asentado con fecha, horario, modalidad, dependencia pública involucrada, persona o entidad beneficiaria y una síntesis de los temas tratados.
El esquema incluye sanciones para los gestores que incumplan las obligaciones: desde multas que parten en 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para dedicarse a actividades de lobby. En los casos de representación clandestina de intereses extranjeros, se prevén penas de prisión de seis meses a tres años, más inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena.
La iniciativa también fija deberes para los funcionarios nacionales y legisladores, que deberán informar y publicar cada audiencia que mantengan con lobistas, reforzando la trazabilidad de estos vínculos. En el oficialismo descuentan que el proyecto logrará acuerdos amplios con bloques opositores dialoguistas, que comparten la necesidad de reducir la opacidad histórica de las gestiones de presión en la Argentina.
Súper RIGI: beneficios para grandes inversiones tecnológicas
En paralelo, Diputados discutirá el Súper RIGI, una versión más acotada pero a la vez más ambiciosa en montos que el régimen de incentivos aprobado en la Ley Bases. El nuevo esquema apunta a atraer inversiones de gran escala en sectores que el RIGI original no contemplaba, principalmente aquellos vinculados a la industrialización de minerales críticos y al desarrollo tecnológico avanzado.
Entre las actividades alcanzadas figuran la industrialización de litio y uranio, la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, la producción de hidrógeno verde y otras energías renovables, turbinas eólicas y paneles solares, así como proyectos de reactores nucleares modulares, semiconductores, inteligencia artificial y otros desarrollos de alto contenido tecnológico.
Para acceder al régimen se requiere un piso de inversión de 1.000 millones de dólares, cinco veces superior al umbral de 200 millones que fijaba el RIGI original. A cambio, las empresas que ingresen obtendrán estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años y un paquete de beneficios que incluye reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de hasta el 60% de la inversión en el primer año, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con una alícuota única del 10%.
El proyecto contempla además la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota de 7% para los dividendos, que se reduciría a 3,5% después de cuatro años de permanencia en el régimen. En el frente externo, se propone la exención de derechos de importación, la eliminación de retenciones y cupos a las exportaciones y una disponibilidad progresiva de divisas: a los tres años, las empresas podrían disponer libremente del 100% de los dólares generados por sus ventas al exterior.
Un régimen más restrictivo y acotado en sectores
- El Súper RIGI excluye proyectos de recursos naturales e infraestructura tradicionales.
- No permite el ingreso de emprendimientos ya existentes que sólo busquen ampliarse.
- El plazo de adhesión será de cinco años, con posibilidad de una prórroga adicional.
- Concentra los incentivos en industrias de frontera, con fuerte componente tecnológico.
El oficialismo apuesta a que la combinación de una ley de lobby más transparente y un régimen potente para grandes inversiones le permita mostrar orden político y una señal promercado, mientras busca recomponer su tablero de alianzas en el Congreso.
Con estas discusiones en agenda, la Cámara de Diputados se perfila como el escenario clave de las próximas semanas, donde el Gobierno intentará equilibrar su frente interno y exhibir capacidad de gestión legislativa de cara a la segunda mitad del año.
