Consejeros K cuestionan el trato judicial a Cristina Kirchner
NewsITe
Buenos Aires – Consejeros del Consejo de la Magistratura ligados al kirchnerismo presentaron en la Facultad de Derecho de la UBA un informe en el que sostienen que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta condiciones de detención domiciliaria más severas que otros condenados por delitos federales, incluidos represores de la dictadura y narcotraficantes. La actividad se desarrolló en el Salón Azul y reunió a legisladores, dirigentes y referentes del espacio nacional y popular.
El informe, elaborado por Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, compara el régimen aplicado a la ex presidenta con el de otros detenidos por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y causas vinculadas al ejercicio de la función pública. Según detallaron, más de la mitad de las personas condenadas por crímenes de la dictadura no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
“Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”, señalaron los expositores, quienes atribuyeron esa situación a una decisión política y no a criterios jurídicos objetivos. En esa línea, cuestionaron lo que describen como un uso selectivo del derecho penal para condicionar la actividad política de la ex mandataria y de su fuerza.
Denuncias de arbitrariedad y persecución política
La consejera Vanesa Siley presentó datos estadísticos que, a su juicio, muestran el carácter “arbitrario y discriminatorio” del régimen que se le aplica a Cristina Kirchner. Indicó que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas. También remarcó que, entre los condenados por delitos vinculados a la función pública, la ex presidenta es la única sometida a limitaciones excepcionales.
Siley subrayó que, aun excluyendo delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo el único caso con tobillera electrónica, controles para desplazarse dentro de su domicilio y un régimen de visitas restringido. Vinculó esta situación con una “tradición de persecución” a dirigentes populares en la Argentina y sostuvo que en el proceso judicial contra la ex mandataria se vulneraron garantías básicas, como el principio de inocencia y el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales.
- El informe compara las condiciones de detención de Cristina Kirchner con otros condenados por delitos federales.
- Los consejeros denuncian restricciones excepcionales en visitas, movilidad interna y control electrónico.
- Sostienen que se trata de una decisión política y no de una aplicación uniforme del derecho.
“Cristina es una presa política. Sufre una persecución con el objetivo de disciplinar a la dirigencia y evitar la reorganización del pueblo”, afirmó el senador Mariano Recalde durante la presentación.
En la misma línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial y responsabilizó a la actual Corte Suprema como uno de los principales factores de la crisis institucional. Planteó la necesidad de un debate profundo sobre el rol del derecho: “Tenemos que preguntarnos si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo”, expresó, al tiempo que describió el escenario actual como una disputa de “bandas” en el interior del sistema judicial.
Con esta presentación, el sector kirchnerista del Consejo de la Magistratura busca reforzar la tesis de que la ex presidenta es víctima de lawfare y de una persecución político-judicial. El informe será ahora utilizado como insumo en el debate público sobre el funcionamiento de los tribunales federales y el futuro del sistema de justicia en la Argentina.
