Proyecto para limitar el encubrimiento familiar en femicidios
NewsITe
El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó en el Congreso un proyecto de ley que apunta a terminar con uno de los resquicios legales que favorecen la impunidad en casos de violencia de género: la llamada “excusa absolutoria familiar”. La iniciativa propone que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas allegadas puedan ser penalmente responsables cuando participen de maniobras activas para encubrir un femicidio.
En la legislación penal vigente, el artículo 277 del Código Penal exonera de responsabilidad a quienes hayan actuado en favor del cónyuge o de un pariente cercano, así como de amigos íntimos o personas a las que se deba especial gratitud. Este criterio se apoya en una antigua tradición jurídica que considera el conflicto moral que atraviesan muchas personas cuando deben declarar o colaborar en causas que involucran a familiares directos.
Michel advierte que esa protección, concebida originalmente para resguardar vínculos afectivos, hoy choca con la obligación del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar con eficacia los hechos de violencia extrema contra las mujeres. “La protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”, fundamenta el texto del proyecto.
Qué conductas de encubrimiento serían castigadas
El proyecto impulsa una modificación puntual del inciso 4° del artículo 277, pero aclara que no se busca criminalizar la mera pasividad de familiares o allegados. Es decir, no se penará el silencio, la negativa a declarar ni la falta de denuncia formal contra el agresor, aun cuando exista vínculo cercano o convivencia.
La propuesta se centra exclusivamente en el “encubrimiento activo” en casos de femicidios y de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género. Entre las conductas que se podrían sancionar penalmente se encuentran:
- Ocultar pruebas relevantes para la investigación judicial.
- Destruir evidencia física o digital vinculada al hecho.
- Alterar la escena del crimen para desviar la pesquisa.
- Borrar rastros o indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.
- Aportar información falsa para confundir o engañar a la Justicia.
De esta manera, el legislador busca que la Justicia cuente con herramientas más claras para intervenir ante redes de encubrimiento que suelen rodear a muchos femicidios, donde parte del entorno del agresor colabora, de manera activa, para evitar su responsabilidad.
Adecuación a compromisos internacionales y cierre de un vacío legal
En los fundamentos, Michel remarca que la propuesta pretende adecuar la normativa argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará y otros tratados internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos obligan al Estado a remover los obstáculos que favorezcan la impunidad y a garantizar una respuesta judicial eficaz frente a la violencia contra las mujeres.
Para el diputado, existe una contradicción entre la incorporación de la figura del femicidio, a través de la Ley 26.791, y el mantenimiento de exenciones de responsabilidad penal para personas cercanas al agresor, incluso cuando participan de manera directa en su encubrimiento. Ese “vacío” –se sostiene– debilita la capacidad de la Justicia para llegar a la verdad y sancionar adecuadamente no solo al autor del hecho, sino también a quienes intervienen activamente para garantizar su impunidad.
“Allí donde el encubrimiento deja de ser una reacción familiar comprensible y pasa a convertirse en una contribución deliberada a la impunidad de un femicidio, el Estado debe contar con herramientas penales adecuadas para investigar y sancionar”, sostiene el texto del proyecto.
El debate sobre esta iniciativa se inscribe en un contexto en el que los femicidios siguen siendo una de las expresiones más extremas de la violencia de género en la Argentina. La eventual reforma del Código Penal buscará enviar una señal clara: la protección de los vínculos familiares no puede utilizarse como refugio para encubrir crímenes que vulneran derechos fundamentales de las mujeres.
