ASA respaldó el nuevo protocolo de control de semillas, aunque advierte que es solo un primer paso
NewsITe
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) manifestó su apoyo, con matices, al nuevo protocolo oficial para el control de identidad varietal en granos, recientemente formalizado por la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). La medida apunta a fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el mercado de semillas, un reclamo histórico del sector, pero la entidad advirtió que no resuelve de manera definitiva los problemas estructurales del sistema.
El protocolo, firmado por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del INASE, Martín Famulari, le otorga un marco institucional a un esquema de verificación que el sector privado viene utilizando desde hace más de diez años mediante acuerdos contractuales. Desde ASA, su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, remarcó que la normativa no modificará la operatoria cotidiana de los productores, pero sí aporta previsibilidad jurídica y una señal para recomponer la inversión en investigación y desarrollo.
La falta de resguardo efectivo a la innovación golpea con fuerza a las especies autógamas, como soja y trigo, cuyos granos pueden ser reutilizados por el agricultor en campañas sucesivas sin adquirir nuevas semillas. Según datos comparativos mencionados por la entidad, en 2023 Brasil registró 330 variedades de soja, mientras que en Argentina solo se inscribieron 23, una brecha que muestra el retraso tecnológico asociado a la debilidad del sistema de protección de derechos.
Mecanismo de control y expectativa de impacto económico
El nuevo esquema, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega, dentro de los establecimientos inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Esas muestras serán analizadas con metodologías homologadas por el INASE, que incluyen tecnologías de escaneo e inteligencia artificial, en cámaras arbitrales o laboratorios privados autorizados.
En caso de detectarse inconsistencias entre el material analizado y las variedades registradas, la normativa fija una instancia de negociación directa entre el obtentor de la genética y el productor. Solo si no hay acuerdo entre las partes se prevé la intervención del INASE como autoridad de aplicación. En el Gobierno nacional estiman que un ordenamiento más riguroso del uso de semillas puede ayudar a cerrar la brecha tecnológica y generar un incremento potencial de las exportaciones agrícolas de, al menos, 4.000 millones de dólares por año.
Debate por la Ley de Semillas y adhesión a estándares internacionales
Aunque el sector semillero valora el avance administrativo, advierte que el nuevo protocolo no sustituye la necesidad de una reforma integral de la Ley de Semillas. El eje de la discusión es la posible adhesión plena al convenio UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), comprometida en entendimientos comerciales con Estados Unidos y otros socios.
- UPOV 91 establece estándares más estrictos para proteger nuevas variedades vegetales.
- Limita el uso propio gratuito por parte de los productores, exigiendo en muchos casos algún tipo de retribución.
- Es considerado clave por las empresas de mejoramiento para sostener la inversión en genética.
Este punto genera una fuerte resistencia entre entidades de la Mesa de Enlace y federaciones rurales, que temen un aumento de los costos de producción y un mayor grado de dependencia tecnológica. El contraste en rendimientos ilustra la preocupación oficial: mientras una hectárea de algodón en el Chaco promedia unos 600 kilos de fibra, en Brasil los rindes superan los 1.800 kilos, diferencia que las autoridades atribuyen en buena medida al atraso genético derivado de la insuficiente protección de la propiedad intelectual.
“El nuevo protocolo es un primer paso para dar previsibilidad al sistema, pero la discusión de fondo sigue siendo la modernización de la Ley de Semillas”, señalan en el sector semillero.
En este contexto, el flamante esquema de control aparece como una herramienta para ordenar el uso de semillas y mejorar la competitividad del agro argentino, al tiempo que reabre el debate político sobre cómo equilibrar los derechos de los obtentores con la sustentabilidad económica de los productores.
