La organización metalúrgica presentó recursos ante distintas instancias judiciales para intentar revertir la intervención de la seccional Campana. Además, busca que la obra social quede excluida de la medida y cuestiona el desarrollo del proceso.
La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló el proceso electoral realizado en la seccional Campana y habilitó la intervención del gremio.
La estrategia judicial incluye además una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y un recurso extraordinario federal contra la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara laboral. Desde la organización sindical sostienen que las resoluciones emitidas durante el expediente contienen inconsistencias y afectan garantías fundamentales reconocidas por la legislación vigente.
Entre los principales argumentos planteados por la UOM figuran cuestionamientos vinculados al tratamiento de recusaciones presentadas durante el proceso judicial. La conducción considera que se vulneraron principios como el debido proceso, el derecho de defensa y la autonomía sindical, derechos protegidos tanto por normas nacionales como por convenios internacionales.
En paralelo, el sindicato también intenta impedir que la intervención alcance a la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Osuomra). Según expuso en sede judicial, la entidad sanitaria cuenta con autoridades propias, estructura administrativa independiente y mecanismos de control específicos, por lo que no debería quedar bajo la órbita del interventor designado, Alberto Biglieri.
La tensión interna aumentó en las últimas semanas luego del desembarco del interventor en la sede central del gremio. Desde la conducción metalúrgica expresaron preocupación por la participación de exfuncionarios vinculados a administraciones de Cambiemos y de La Libertad Avanza, situación que incrementó las sospechas sobre una posible dimensión política en un conflicto que ya ocupa un lugar central dentro del escenario sindical argentino.
El origen de la intervención judicial
La intervención tiene su origen en las elecciones desarrolladas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana. Tras distintas impugnaciones impulsadas por sectores opositores, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la nulidad de los comicios.
Los jueces Víctor Pesino y María Dora González consideraron que no existieron condiciones suficientes para garantizar la transparencia del proceso electoral. Entre los aspectos observados, cuestionaron el mecanismo utilizado para la custodia y el escrutinio de los votos durante los tres días que se extendió la elección.
Según el fallo, las presuntas irregularidades detectadas afectaron la objetividad del procedimiento y comprometieron principios básicos vinculados a la democracia sindical, argumento que derivó en la decisión de anular los comicios y habilitar la intervención de la organización.
