El oficialismo frena hasta después del receso el debate clave
NewsITe
El Senado de la Nación postergará hasta agosto el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, ante la falta de acuerdos para avanzar con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La decisión responde tanto a razones políticas como a la tradicional pausa invernal de la actividad legislativa.
Según confiaron fuentes del oficialismo a la agencia Noticias Argentinas, el proyecto recién volverá a la agenda luego de las vacaciones de invierno, que culminan a fines de julio. Hasta el momento solo se realizó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, en la que expuso la asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Electoral, Luz Landívar.
El punto más controvertido es la eliminación de las PASO. La iniciativa es resistida por la UCR, el PRO y varios bloques provinciales, incluso aquellos que suelen mantener un diálogo fluido con la Casa Rosada. El oficialismo cuenta con 21 senadores y necesita llegar a una mayoría agravada de 37 votos para modificar el esquema electoral, pero por ahora no reúne los apoyos necesarios.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya informó al Poder Ejecutivo que “no están los votos para eliminar las PASO”. Pese a los intentos del ministro del Interior, Diego Santilli, por tejer acuerdos con gobernadores peronistas y espacios dialoguistas, más de la mitad de los senadores radicales y varios representantes del PRO actúan con autonomía respecto de los mandatarios provinciales.
Alternativas en discusión y puntos centrales del proyecto
Ante el rechazo frontal a la supresión de las primarias, en la mesa de negociación surgieron alternativas intermedias: transformar las PASO en elecciones optativas, o suspender su realización para 2027 como ya ocurrió en otros turnos electorales. Sin embargo, estas variantes tampoco cuentan con el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la reforma.
La propuesta oficial no se limita a las PASO. Incluye un paquete amplio de cambios en el sistema electoral y en las normas que regulan la competencia política a nivel nacional:
- Implementación de la llamada ley de “Ficha Limpia”: se impide ser candidato a cargos electivos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
- Eliminación de las PASO para la selección de candidatos a presidente y legisladores nacionales. Cada partido o alianza debería definir internamente su mecanismo de elección de postulantes.
- Requisitos más estrictos para la presentación de fórmulas presidenciales, que deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral nacional; y de candidatos legislativos, que necesitarán adhesiones equivalentes al 0,5% del padrón de cada distrito.
- Endurecimiento de las condiciones para el reconocimiento de partidos políticos a nivel nacional: deberán estar constituidos en al menos 10 distritos y contar con un piso de afiliados del 0,1% del padrón nacional.
- Modificación del esquema de financiamiento: se elimina el aporte estatal a las campañas y se eleva del 2% al 35% el tope de financiamiento privado permitido para cada fuerza.
- Reducción del apoyo público a un único aporte anual destinado al Fondo Partidario Permanente.
- Fin de la publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación y supresión de la obligación de realizar debates presidenciales, como los de 2019 y 2023.
- Ajustes en la ley de Boleta Única de Papel, incorporando la opción de “boleta completa” e incluso la posibilidad de incluir elecciones provinciales en caso de comicios simultáneos.
Escenario abierto de cara a la segunda mitad del año
La oposición reclamó, sin éxito, el desdoblamiento del tratamiento para avanzar al menos con la ley de Ficha Limpia, que cuenta con mayor consenso. El PRO, la UCR y el bloque Provincias Unidas habían pedido preferencia para discutir esos proyectos por separado, pero el oficialismo rechazó esa opción para no fragmentar su paquete de reformas.
En los próximos dos meses, la clave pasará por saber si el Gobierno logra sumar voluntades o se ve obligado a archivar o moderar su proyecto de reforma electoral.
El receso invernal funcionará así como un paréntesis decisivo. De las negociaciones que se encaren durante este período dependerá si el oficialismo consigue impulsar un cambio profundo en las reglas del juego político o si deberá resignarse a mantener, con retoques menores, el esquema vigente de cara a las próximas elecciones nacionales.
