El oficialismo consiguió los votos y el proyecto pasa a Diputados
NewsITe
En una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que habilita el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre, en el marco de un acuerdo de conciliación económica alcanzado por el Gobierno de Javier Milei en tribunales de Estados Unidos.
La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento judicial. De ser convalidado por el Congreso, el esquema cerrará dos de los últimos litigios abiertos tras el default argentino de 2001.
El convenio prevé que el Estado argentino pague 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según la información oficial, el acuerdo incluye una quita cercana al 30 % respecto de los montos originalmente reclamados.
Qué implica el acuerdo y qué discute la política
Desde el oficialismo, el miembro informante Agustín Monteverde sostuvo que el entendimiento “entraña una serie de ventajas para la Argentina”, al destacar que los fondos se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales ni obstaculizar futuras operaciones de financiamiento del país. A su vez, remarcó que se extinguen “los dos principales litigios pendientes” derivados del default.
El Gobierno argumenta que la aprobación legislativa permitirá levantar medidas de embargo vigentes en la Justicia estadounidense contra activos soberanos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, y mejorar el perfil internacional de la Argentina frente a acreedores y mercados.
Monteverde defendió el proyecto al afirmar que se trata de “una transacción para salir de un litigio” que lleva décadas y que la cifra involucrada es “insignificante” en relación con el total de la deuda, pero decisiva para la “reinserción internacional” del país y para “honrar los compromisos asumidos”.
Críticas opositoras y advertencias sobre los fondos buitre
Desde el bloque Justicialista, Jorge Capitanich adelantó el voto negativo y cuestionó que este tipo de mecanismos “premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”. El senador recordó que la Argentina impulsó en 2015, ante la Asamblea General de la ONU, una resolución con principios para regular la reestructuración de deudas soberanas, orientada justamente a limitar las estrategias especulativas de estos actores.
Capitanich también planteó dudas sobre la equidad y la verificación efectiva de la quita acordada, y señaló que la documentación remitida al Congreso resulta “incompleta” para trazar una estrategia integral de cierre de los litigios remanentes. A su juicio, el acuerdo introduce “un principio de tensión” con aquellos lineamientos internacionales promovidos por el propio país.
En el oficialismo y sus aliados, en cambio, se valoró el mensaje de “seguridad jurídica” hacia inversores externos. La senadora Carmen Álvarez Rivero subrayó que sin reglas claras “no hay inversiones, no hay crédito y no hay empleo de calidad”, mientras que el catamarqueño Guillermo Andrada destacó que el entendimiento representa “un ahorro” para el Estado y una señal de responsabilidad frente a la comunidad financiera.
“No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”, advirtió en el cierre del debate el senador José Mayans, al ratificar el rechazo del bloque justicialista.
Con el expediente ya girado a Diputados, el oficialismo buscará acelerar el tratamiento para llegar antes del vencimiento del plazo pactado en la Justicia norteamericana y cerrar, al menos en parte, el complejo capítulo de los reclamos de los fondos buitre contra la Argentina.
