Santa Fe corta asistencia a una ONG por gastos en McDonald’s
NewsITe
El Gobierno de Santa Fe decidió dar de baja la asistencia a la asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi” y radicar una denuncia penal, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de la Tarjeta Institucional destinada a la compra de alimentos para un comedor comunitario. Según la investigación administrativa, parte de esos fondos habría sido utilizada en locales de comidas rápidas, entre ellos McDonald’s, así como en restoranes céntricos y kioscos.
La investigación se originó en los controles de rutina que realiza el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano sobre el programa de asistencia alimentaria. En esa instancia, los equipos técnicos advirtieron inconsistencias entre la documentación presentada por la entidad para justificar los gastos y los consumos efectivamente realizados con la tarjeta asignada, cuyos movimientos fueron reconstruidos a partir de resúmenes y registros bancarios.
De acuerdo con la normativa vigente, los recursos de la Tarjeta Institucional deben destinarse exclusivamente a la adquisición de alimentos e insumos vinculados al funcionamiento del comedor y a la provisión de raciones para los beneficiarios directos del programa. Sin embargo, los informes oficiales señalan que una parte de esos fondos se habría gastado en comercios que no guardan relación con el objeto de la política pública, lo que encendió alertas dentro del Gobierno provincial.
Denuncia penal y resguardo de fondos públicos
En un comunicado difundido por la administración santafesina, se subrayó que, ante estas observaciones, la Provincia resolvió realizar la correspondiente denuncia penal y poner a disposición de la Justicia toda la información recabada durante la auditoría. El objetivo, remarcaron, es que se investigue a fondo el presunto desvío de fondos y se determinen eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Las autoridades también recordaron que la tarjeta no permite que la propia institución beneficiaria deposite dinero en la cuenta asociada. El único habilitado para efectuar transferencias es el Estado provincial, de modo que cada consumo debe estar vinculado a compras destinadas a los verdaderos destinatarios del programa alimentario. Cualquier desvío de esos fines podría configurar un uso indebido de recursos públicos.
El rol del Movimiento Mahatma Gandhi y los antecedentes de su ex titular
El Gobierno provincial señaló además que, hasta abril de 2024, el “Movimiento Mahatma Gandhi” estuvo encabezado por Luciano “Chano” Rossi, dirigente social con trayectoria en el ámbito estatal. Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) durante la actual gestión de Maximiliano Pullaro, luego de comprobarse que, desde su ingreso en julio de 2015, habría asistido a trabajar 651 días y se ausentado en 1452, una situación que derivó en su salida de la compañía.
El ingreso de Rossi a la EPE se produjo bajo un sistema conocido internamente como de “derecho de sangre” o acceso “hereditario”, mediante el cual los familiares directos podían ocupar vacantes que dejaban otros trabajadores. Ese mecanismo, cuestionado por distintos sectores políticos y sindicales, fue revisado en los últimos años en el marco de un debate más amplio sobre transparencia, control de presentismo y profesionalización del empleo público en Santa Fe.
- La Provincia dio de baja la asistencia a la ONG y radicó una denuncia penal.
- Los fondos de la Tarjeta Institucional habrían sido usados en comercios ajenos al programa.
- La ex conducción del movimiento estuvo a cargo de Luciano “Chano” Rossi, exonerado de la EPE.
“Con el objetivo de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, el Gobierno de la Provincia resolvió realizar la correspondiente denuncia penal y poner toda la información relevada a disposición de la Justicia para que se investiguen los hechos”, señaló el comunicado oficial.
La causa quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió un desvío intencional de fondos y, en tal caso, avanzar en eventuales sanciones. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial refuerza los controles sobre los programas alimentarios para garantizar que la ayuda llegue efectivamente a los sectores más vulnerables y que cada peso invertido cumpla con el fin social para el que fue asignado.
