Un estudio elaborado por organismos internacionales y entidades del sector energético indicó que entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida en Argentina no llega a ser facturada. El fenómeno está asociado principalmente al fraude, las conexiones clandestinas y otras irregularidades comerciales.
Un informe elaborado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Universidad de Chile, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida en Argentina no llega a ser facturada.
El estudio, titulado “Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe”, señala que Argentina registra niveles de hurto y pérdidas no técnicas de energía eléctrica similares al promedio de América Latina.
Según el trabajo, el porcentaje de energía que no logra ser cobrado se ubica levemente por encima del promedio regional, estimado en torno al 17%.
La cifra contempla principalmente las denominadas pérdidas no técnicas, vinculadas al fraude, conexiones clandestinas, manipulación de medidores y otras irregularidades comerciales que impiden el cobro efectivo de la energía consumida.
Un problema que genera pérdidas millonarias
El informe estima que América Latina pierde cada año alrededor de 16.600 millones de dólares como consecuencia de la energía distribuida que no logra ser cobrada por las empresas eléctricas.
Los investigadores sostienen que estas pérdidas representan entre el 0,19% y el 0,33% del Producto Bruto Interno regional y constituyen uno de los principales factores que afectan la eficiencia económica de los sistemas eléctricos latinoamericanos.
Además, el trabajo advierte que parte de esos costos pueden terminar siendo absorbidos por el sistema a través de distintos mecanismos tarifarios, lo que genera un impacto indirecto sobre los usuarios que sí cumplen con el pago de sus facturas.
El estudio también remarca que la problemática no responde exclusivamente a cuestiones técnicas o comerciales, sino que está asociada a factores sociales, regulatorios e institucionales.
“Las pérdidas de electricidad constituyen uno de los desafíos estructurales más persistentes y de mayor impacto financiero en los sistemas eléctricos de América Latina y el Caribe”, señala el informe.
Niveles superiores a los estándares internacionales
De acuerdo con el estudio, los porcentajes registrados en Argentina y en gran parte de América Latina se encuentran por encima de los estándares internacionales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera razonable que las pérdidas totales de energía, incluyendo tanto las técnicas como las no técnicas, no superen el 10%.
En los países desarrollados, los niveles promedio rondan el 6%, menos de la mitad de los registrados actualmente en Argentina y en buena parte de la región.
Cómo se posiciona Argentina en América Latina
El relevamiento incluyó a 26 países y tomó información aportada por 37 empresas distribuidoras de energía. Dentro de ese universo, Argentina aparece en una posición intermedia.
Mientras Perú figura entre los países con menores niveles de pérdidas, Paraguay registra porcentajes cercanos al 25%. Los escenarios más complejos corresponden a Venezuela, Honduras y Jamaica.
Brasil mantiene pérdidas cercanas al 14%, mientras que México presenta indicadores más bajos, con un nivel total de 10,51%, dividido casi en partes iguales entre pérdidas técnicas y no técnicas.
El estudio también destaca la dimensión del mercado eléctrico argentino. Con una demanda de 142.789 gigavatios hora, el país se ubica entre los tres mercados más grandes de América Latina, detrás de Brasil y México.
Experiencias de regularización en Argentina
Entre las distribuidoras argentinas que participaron del estudio se encuentran la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Secheep de Chaco, EDEA, EDESA y Edesur.
Los investigadores destacaron especialmente las experiencias desarrolladas por EPE y EPEC para abordar situaciones de informalidad eléctrica en barrios populares.
Según el informe, ambas compañías impulsaron programas de inclusión eléctrica que combinan inversiones en infraestructura, regularización comercial y capacitación comunitaria, en coordinación con gobiernos provinciales y municipales.
La estrategia contempla la realización de obras previas a la formalización del servicio y acciones orientadas a promover el uso responsable de la energía mediante el trabajo con referentes barriales.
El estudio concluye que estas iniciativas permitieron mejorar las tasas de permanencia de los usuarios formalizados y reducir los niveles de reincidencia en prácticas de fraude eléctrico.
