El Senado se prepara para una sesión clave sobre propiedad privada
NewsITe
El Senado de la Nación sesionará este martes desde las 11 en una jornada que se perfila como una de las más relevantes del año para la agenda económica y jurídica del Gobierno. En el temario se destaca el proyecto de ley de propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone cambios profundos en materia de compra de tierras por parte de extranjeros, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Además, la Cámara alta debatirá la autorización para que el Poder Ejecutivo cierre acuerdos millonarios con dos fondos buitres, con el objetivo de evitar nuevos embargos sobre activos estratégicos del país, entre ellos las acciones de YPF. La iniciativa está atada a plazos estrictos, ya que el Gobierno necesita la aprobación antes del 30 de junio.
En paralelo, el Senado tratará la aprobación de 50 de los 73 pliegos judiciales que se encuentran en condiciones de ser votados, mientras que la postulación de Verónica Michelli —rechazada por el Ejecutivo— se postergará para una próxima sesión junto con otros 23 candidatos. También se discutirán proyectos para la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán, impulsados por los legisladores Maximiliano Abad, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, lo que impactará en la estructura del Poder Judicial federal en esas regiones.
Tierras para extranjeros y cambios en desalojos
Uno de los puntos más sensibles del proyecto de propiedad privada es la eliminación de los límites para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en la Argentina. La propuesta establece que las provincias seguirán teniendo plena jurisdicción sobre sus territorios y deberán autorizar las operaciones siempre que no intervenga un Estado extranjero como comprador directo o indirecto.
El texto prohíbe que puedan adquirir tierras los Estados extranjeros, las sociedades donde estos tengan participación decisiva y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes o recursos estatales de otro país. El Gobierno argumenta que busca facilitar inversiones privadas, mientras que sectores opositores y organizaciones rurales advierten por el riesgo de una mayor extranjerización del territorio.
En materia de desalojos, el proyecto introduce la figura del “desalojo exprés” exclusivamente para casos de usurpación de inmuebles. En el resto de las situaciones, como los conflictos locativos tradicionales, se mantienen los plazos actuales. La iniciativa fija un término de 10 días para intimar el pago del alquiler adeudado mediante notificación fehaciente al domicilio físico o electrónico denunciado en el contrato.
Expropiaciones, manejo del fuego y acuerdo con fondos buitres
Otro capítulo central del proyecto redefine las reglas para las expropiaciones. La declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado estará obligado a fundamentar con claridad los motivos de cada medida. Se establece, además, un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, mientras que la tasa de interés se ajustará por el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
En cuanto al manejo del fuego, se deroga la norma que prohibía cambiar el uso del suelo por 30 años en predios rurales incendiados, como campos y pastizales. Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de modificar su destino luego de un incendio, pero se elimina el plazo rígido de 60 años que regía hasta ahora. Especialistas en ambiente y organizaciones sociales siguen con atención este punto por su posible impacto en la deforestación y en el avance de proyectos inmobiliarios o agropecuarios.
- El proyecto de propiedad privada elimina topes para la compra de tierras por extranjeros privados.
- Se crea una vía rápida de desalojo para inmuebles usurpados, con plazos abreviados.
- Se acotan las expropiaciones y se fija un techo al resarcimiento por lucro cesante.
- Se flexibilizan las restricciones tras incendios en zonas rurales y se ajustan las de bosques nativos.
- El Senado también tratará el pago de U$S 171 millones a dos fondos buitres para cerrar litigios.
Fuentes parlamentarias señalaron que la lista definitiva de pliegos y acuerdos se definirá horas antes de la sesión y será comunicada por el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto.
Respecto de los fondos buitres, el proyecto habilita al Ejecutivo a pagar 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. A cambio, los acreedores deberán entregar los bonos en litigio y suspender las demandas vigentes o futuras sobre títulos emitidos antes del 1 de enero de 2002. El oficialismo sostiene que, con este acuerdo, se busca despejar el riesgo sobre activos clave del Estado y cerrar un capítulo más de la larga saga de la deuda en default.
