Denuncia cruzada por el futuro de Playa Redonda en Mar del Plata
NewsITe
El conflicto por el uso y la explotación de Playa Redonda, en Mar del Plata, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. La empresa concesionaria Santiago de Compostela 1943 SA, vinculada al publicista Roberto Fiocca, denunció a tres integrantes de asambleas vecinales por un supuesto bloqueo de acceso a la unidad turística fiscal.
De acuerdo con la presentación a la que accedió Noticias Argentinas, la firma sostiene que terceras personas habrían roto un candado, colocado ramas y escombros en uno de los ingresos e impedido el paso hacia el sector bajo concesión. En ese marco, la empresa pidió a la Justicia que ordene el desalojo del lugar y dicte una prohibición de acercamiento contra los vecinos denunciados.
La acusación recayó sobre integrantes de espacios que desde hace tiempo cuestionan el modelo de privatización de las unidades turísticas fiscales y la política de concesiones sobre la franja costera marplatense. Entre ellos se encuentra la Asamblea por los bienes comunes de Chapadmalal, que salió al cruce de la denuncia y la definió como un intento de “hostigamiento y persecución”.
Las organizaciones vecinales sostienen que las acciones de protesta buscan evitar lo que consideran la entrega de bienes comunes al sector privado y preservar una de las últimas playas de acceso libre en la zona. Reclaman mayor transparencia sobre las obras proyectadas, la difusión de estudios de impacto ambiental y la revisión del esquema de explotación privada de los espacios públicos costeros.
Un conflicto que trasciende lo turístico
Detrás del caso puntual de Playa Redonda se esconde una puja más amplia sobre el destino del litoral marplatense. En los últimos años se multiplicaron las críticas de vecinos y organizaciones sociales a las concesiones de balnearios y servicios, así como a la reducción progresiva de los sectores verdaderamente públicos sobre la costa atlántica.
Para el municipio, las concesiones representan una fuente de ingresos y una forma de sostener la infraestructura turística. Para los asambleístas, en cambio, ese modelo profundiza la mercantilización del espacio público y limita el acceso igualitario al mar, especialmente de los sectores populares.
- La concesionaria denuncia daños y obstrucción del acceso a la unidad fiscal.
- Los vecinos hablan de persecución y defienden las playas como bienes comunes.
- Se cuestiona la falta de estudios ambientales y de información oficial clara.
- El conflicto reaviva el debate sobre la privatización de la costa marplatense.
“Cuando defender un espacio público se convierte en causa judicial, el problema deja de ser sólo turístico para convertirse en político”, señalan desde las asambleas vecinales.
Con la Justicia ahora involucrada, el futuro de Playa Redonda quedó atado a una causa que puede sentar precedente para otros puntos del frente costero. Mientras el municipio intenta sostener su esquema de concesiones, las organizaciones vecinales anticipan que continuarán con las acciones legales y las protestas para frenar lo que consideran un avance sobre el derecho al disfrute libre de la playa.
