Economía declaró la emergencia agropecuaria en Santa Fe
El Ministerio de Economía de la Nación oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para una amplia zona de la provincia de Santa Fe, afectada en los últimos meses por intensas precipitaciones, desbordes de ríos y anegamientos generalizados. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 819/2026, apunta a aliviar la situación financiera y productiva de los establecimientos rurales más perjudicados.
La resolución alcanza a explotaciones agropecuarias de distintos distritos de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, donde el exceso de lluvias y el crecimiento de ríos, arroyos y cursos de agua provocaron importantes daños en cultivos, pasturas, infraestructura rural y caminos. En muchos casos, los productores tuvieron serias dificultades para ingresar a los campos, realizar labores de cosecha o sostener la actividad ganadera.
Además, el Gobierno incluyó en la emergencia a las explotaciones hortícolas del departamento La Capital, específicamente en los distritos Recreo, Monte Vera y la ciudad de Santa Fe. La única excepción es el subdistrito de San José del Rincón, donde la afectación no alcanzó los niveles necesarios para ser incorporado al régimen de emergencia. Se trata de una zona clave para el abastecimiento de frutas y verduras frescas a los mercados regionales.
El período de vigencia de la emergencia se fijó desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha estimada como cierre del ciclo productivo de las actividades afectadas. Durante ese lapso, los productores comprendidos podrán acceder a los beneficios que establece la Ley 26.509, que regula el sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios.
Cómo acceder a los beneficios y qué medidas prevé la ley
Para poder acogerse al régimen, los productores deberán gestionar ante la autoridad competente de la provincia de Santa Fe un certificado que acredite que sus campos o explotaciones se encuentran dentro de las zonas declaradas en emergencia o desastre. Ese documento será el respaldo formal para acceder a prórrogas impositivas, facilidades de pago y otras herramientas de alivio financiero.
Con la documentación reunida, el gobierno santafesino deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, acompañado de copias de los certificados emitidos. Sobre esa base se articulará el acceso efectivo a los beneficios contemplados en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509 y sus modificatorias.
- Posibilidad de prorrogar o refinanciar obligaciones impositivas nacionales.
- Reprogramación de vencimientos crediticios en bancos oficiales o mixtos.
- Acceso a líneas de crédito especiales con condiciones preferenciales.
- Suspensión transitoria de juicios de ejecución fiscal vinculados a tributos nacionales.
La normativa también instruye a las entidades bancarias de carácter nacional, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a adoptar las medidas necesarias para que los productores comprendidos en la emergencia puedan hacer uso de estos instrumentos. En paralelo, se faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a suscribir convenios y poner en marcha programas específicos para acompañar la recuperación productiva.
La declaración de emergencia es una herramienta clave para amortiguar el impacto económico de fenómenos climáticos extremos y evitar el quiebre de pequeñas y medianas explotaciones rurales.
Con este tipo de decisiones, el Gobierno busca respaldar a las economías regionales y preservar el entramado productivo santafesino, uno de los pilares del agro argentino. No obstante, entidades rurales insisten en la necesidad de avanzar en obras de infraestructura hídrica y en políticas de prevención que reduzcan la vulnerabilidad del sector frente a futuras inundaciones.
