Cuestionan el rol de Mercado Libre en el sistema financiero digital
NewsITe
Luego de la intimación del gobierno bonaerense a Mercado Libre por presuntas infracciones por unos $1.800 millones, distintas voces del ámbito del consumo y de las finanzas digitales volvieron a poner bajo la lupa las prácticas comerciales del gigante del comercio electrónico y su billetera virtual Mercado Pago.
Según informó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, la empresa fundada por Marcos Galperin encabeza el ranking de denuncias individuales en Defensa del Consumidor bonaerense, con 2.396 presentaciones en lo que va del año. Los reclamos refieren, entre otros puntos, a tarifas poco claras, cargos ocultos, trabas para dar de baja servicios y dificultades para recuperar fondos frente a fraudes o hackeos.
El abogado Osvaldo Bassano, referente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADUC), sostuvo que el problema de fondo es el rol que la compañía asume en la relación con sus usuarios. “Mercado Libre es juez y parte. Cuando hay una controversia, el primer ámbito de resolución es la propia plataforma. Si no se resuelve o no te gusta, tenés que ir a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó, al cuestionar la falta de instancias accesibles y cercanas para el consumidor promedio.
Bassano recordó que en los últimos años hubo fallos judiciales que equipararon a Mercado Libre con los avisos clasificados de un diario, lo que limita su responsabilidad frente a conflictos entre compradores y vendedores. “Ese criterio está mal —argumentó— porque la plataforma no solo intermedia: tiene capacidad de inducir decisiones de compra, maneja información sensible y participa de ambos lados del mostrador, como mercado y como intermediario financiero”.
Preocupación por el endeudamiento y la inclusión financiera
Desde el sector fintech también se mira con recelo el peso de Mercado Libre en el ecosistema digital. Leonardo Ferrucci, fundador y principal accionista de la billetera virtual Waya, advirtió que la expansión del crédito al consumo a través de plataformas digitales convive con una creciente fragilidad de los hogares.
Ferrucci señaló que hay familias que destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de cuotas y obligaciones financieras, muchas veces contraídas de manera fragmentada y a través de múltiples aplicaciones. “Vemos casos de personas con ingresos mensuales de entre un millón y un millón doscientos mil pesos que terminan afrontando compromisos que superan los quinientos o seiscientos mil pesos”, alertó.
Para el especialista, los datos del sistema financiero ya muestran un deterioro en determinados segmentos de crédito al consumo y una presión creciente sobre la capacidad de pago de los hogares. “Esto debería preocupar tanto a quienes otorgan crédito como a quienes diseñan políticas públicas, porque la promesa de inclusión financiera puede transformarse en un círculo de endeudamiento difícil de revertir”, analizó.
El modelo de Brasil como referencia regulatoria
Tanto Bassano como Ferrucci coinciden en que la experiencia brasileña ofrece pistas sobre cómo equilibrar innovación y protección al usuario. En Brasil, Mercado Libre también tiene fuerte presencia, pero las críticas a sus prácticas son menores. Una de las claves es Pix, el sistema de pagos instantáneos diseñado por el Banco Central de ese país, que es público, gratuito y de uso masivo: se calcula que alrededor del 80% de las operaciones cotidianas se canalizan por allí.
- Pix funciona como infraestructura pública que compite con las soluciones privadas, lo que reduce el poder de mercado de cualquier empresa individual.
- La regulación brasileña en materia de defensa del consumidor es estricta y contempla sanciones penales para acciones consideradas abusivas o estafas.
Ferrucci sostiene que, para poner límites a posiciones dominantes, se puede desarrollar una nueva aplicación pública desde cero o potenciar soluciones ya existentes que permitan una competencia real. Bassano, por su parte, destaca que en Brasil se toma “muy en serio” el derecho del consumidor, con procesos que incluso han terminado en penas de prisión efectiva para responsables de maniobras fraudulentas. “En la Argentina, en cambio, se desmantelaron estructuras clave como la Secretaría de Defensa del Consumidor, lo que deja al usuario en una situación de mayor vulnerabilidad”, indicó.
“Cuando una compañía alcanza una posición dominante, también es necesario analizar los efectos de concentración sobre la competencia y los consumidores. Comienzan procesos abusivos que a esta altura son evidentes y perjudican a muchas personas”, advirtió Ferrucci.
La intimación del gobierno bonaerense y las críticas de especialistas reabren así el debate sobre cómo regular a los gigantes tecnológicos y financieros en un escenario donde la digitalización del dinero avanza más rápido que las normas pensadas para proteger a los usuarios.
