Cuestionamientos a la compra de una camioneta de alta gama

NewsITe
El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, quedó en el centro de una fuerte controversia política luego de que se conociera que adquirió una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por 54.000 dólares, apenas ocho días antes de asumir el cargo. El dato que desató la polémica es que el precio de lista del mismo modelo rondaba los 78.990 dólares, lo que supone un descuento cercano a los 25.000 dólares.
La operación, revelada inicialmente por medios uruguayos a partir de una denuncia periodística y luego replicada por la prensa argentina, generó interrogantes sobre el alcance de los beneficios recibidos por el mandatario y sobre si estos podrían encuadrarse como una ventaja indebida. Las dudas surgieron tras detectarse discrepancias en la última declaración jurada presentada por Orsi ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
[prompt_tokens]
Según informó la Presidencia uruguaya, el pago de la camioneta se concretó mediante la entrega de un Hyundai modelo 2020, que Orsi había valuado en su declaración jurada anterior en alrededor de 29.000 dólares, más una transferencia bancaria cuyo monto exacto no fue detallado en la documentación difundida. Desde el gobierno sostienen que el descuento otorgado fue una “gentileza” comercial por parte de la concesionaria Oliva Automotores.
Defensa oficial y reclamo de mayor transparencia
Ante el avance de las críticas, Orsi difundió en las últimas horas un video en redes sociales en el que buscó llevar tranquilidad y se mostró dispuesto a someterse a los controles correspondientes. “Si algún organismo de contralor considera que cometí algún error, me haré cargo”, expresó el presidente, intentando descomprimir la escalada política que generó el caso.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, salió a respaldar al mandatario y aseguró que la compra de la camioneta está “ajustada al Código de Ética Pública”. En declaraciones a Canal 12, Díaz sostuvo que, al momento de la operación, Orsi todavía no era funcionario público y, por lo tanto, no se habría vulnerado la normativa que impide a los agentes del Estado recibir regalos, gratificaciones o ventajas de terceros ligadas a su función.
Sin embargo, la oposición exige mayor claridad. El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes, luego de que la noticia cobrara estado público a través de Radio Carve. El legislador reclamó explicaciones detalladas sobre las condiciones de la compra y el origen del beneficio económico aplicado sobre el valor de lista del vehículo.
Investigación parlamentaria y posible impacto político
- El pedido de informes busca precisar el monto exacto abonado por Orsi.
- La oposición plantea si el descuento puede considerarse una ventaja indebida.
- Presidencia insiste en que se trató de una gentileza comercial de la concesionaria.
- La Jutep podría analizar eventuales inconsistencias en las declaraciones juradas.
“En estos temas de transparencia hay que ser claros, categóricos y contundentes, y en última instancia, cuando llegue el pedido de informes, lo contestaremos”, afirmó Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia.
El episodio ya es leído en Montevideo como una prueba temprana de la gestión de Orsi en materia de ética pública y transparencia, un aspecto especialmente sensible para las sociedades latinoamericanas. Mientras el oficialismo intenta encuadrar la operación dentro de los parámetros legales y comerciales habituales, la oposición ve en el caso una oportunidad para marcarle la cancha al nuevo gobierno y reforzar el debate sobre los límites de los beneficios que puede recibir una figura que está a punto de asumir la máxima magistratura.

