8M: mujeres, discapacidad y una violencia que el Estado no quiere ver
NewsITe
En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la discusión sobre violencias de género adquiere una dimensión muchas veces invisibilizada: la que atraviesan las personas con discapacidad y, especialmente, las mujeres que sostienen sus cuidados en un contexto de ajuste y desfinanciamiento estatal.
En la Argentina se estima que viven alrededor de 5,9 millones de personas con discapacidad, cerca del 13% de la población. Detrás de esa cifra hay un dato clave: las mujeres representan aproximadamente el 83% de quienes cuidan a familiares con discapacidad. Esas cuidadoras, muchas veces madres solas y jefas de hogares monomarentales, son las primeras en afrontar el impacto de los recortes, la burocracia y la falta de políticas públicas sostenidas.
Las recientes movilizaciones frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Congreso dejaron imágenes que recorrieron el país: sillas de ruedas avanzando contra escudos policiales, gases lacrimógenos sobre madres y niños con autismo, familias enteras esperando durante horas para no perder una pensión que, aun cuando se cobra, resulta insuficiente.
En ese marco, la actriz Lola Berthet, madre de un niño con autismo, sintetiza un temor compartido por miles de mujeres: “Mi miedo es pensar muy profundamente y al 100 por ciento qué va a pasar cuando yo no esté”. Su frase expone el peso de una responsabilidad que el Estado descarga casi por completo sobre las familias, y en particular sobre las mujeres.
Recortes, pensiones y un fallo que reabre la discusión
La quita de más de cien mil pensiones por discapacidad y las demoras en los pagos a prestadores configuraron un escenario de emergencia social. Muchas familias dependen de esos ingresos para cubrir terapias, medicamentos, transporte y apoyos básicos. Sin embargo, el ajuste se impuso también sobre este universo, pese a tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este contexto, un fallo del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, volvió a poner el tema en el centro del debate público. El magistrado habilitó un amparo colectivo que exige la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), aprobada por el Congreso pero suspendida por decreto presidencial. La resolución judicial obliga al Gobierno Nacional a revisar esa decisión y a avanzar en la reglamentación e implementación efectiva de la norma.
Sin embargo, referentes del sector advierten que la respuesta oficial es parcial e insuficiente. Según relatan, los aumentos de los nomencladores quedaron muy por debajo de lo previsto, los organismos como PAMI e INCLUIR Salud arrastran deudas desde octubre con prestadores, y las nuevas vías administrativas para compensaciones no están plenamente operativas. Todo esto se traduce en terapias interrumpidas, transportes que dejan de brindar servicio y profesionales que buscan otros trabajos ante la falta de pago.
Una violencia de género que se expresa en la discapacidad
La crisis en discapacidad tiene un fuerte componente de género. Cuando el Estado recorta pensiones, demora pagos o desarma programas, quienes absorben ese costo son, en su enorme mayoría, mujeres cuidadoras. Nueve de cada diez tareas de cuidado recaen sobre ellas: madres, abuelas, hermanas o tías que dejan trabajos, postergan proyectos y se enfrentan a un sistema que las obliga a elegir entre el sustento económico y la atención diaria de sus hijos o familiares.
Muchas de estas mujeres viven sin red de contención, sin pareja que acompañe y sin posibilidades reales de insertarse en el mercado laboral. “Las mamás que están solas, al no tener prestaciones y sin red, viven exclusivamente acompañando a sus hijos. Conozco casos que ni siquiera pueden buscar un trabajo porque hay que llevar a los chicos a las terapias”, señala Berthet, poniendo palabras a una realidad extendida.
- Recorte y suspensión de pensiones por discapacidad.
- Deudas con prestadores que derivan en la suspensión de terapias y transportes.
- Hogares monomarentales más expuestos a la pobreza extrema.
- Cuidadoras sin posibilidad de trabajar ni acceder a ingresos formales.
“La falta de políticas públicas mata. Una terapia perdida es irreversible”, advierten las familias y los prestadores que acompañan a personas con discapacidad.
En este 8M, el reclamo de las mujeres que cuidan en el terreno de la discapacidad se suma a la agenda feminista con una consigna clara: sin políticas de cuidado, sin pensiones dignas y sin acceso a tratamientos, la violencia de género también se expresa en forma de abandono institucional. La pregunta que sobrevuela cada marcha, cada amparo y cada testimonio es la misma que plantea Lola Berthet: ¿qué va a pasar cuando ellas no estén?
