El 24M como escenario de disputa política y simbólica
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei volverá a utilizar el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como plataforma para instalar su propia lectura de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y del rol que tuvieron los organismos de derechos humanos. A casi medio siglo del golpe de Estado, la Casa Rosada apuesta a reforzar un discurso que cuestiona los consensos construidos desde el retorno de la democracia.
Al igual que en años anteriores, el oficialismo elaboró un video institucional con formato documental que será difundido en la previa y durante la jornada. La producción se gestó en uno de los despachos más relevantes de Balcarce 50 y fue supervisada por el equipo de comunicación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
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Según indicaron fuentes del oficialismo, el video mantendrá el tono del material difundido en 2025, cuando el Gobierno reclamó por una “memoria completa”, puso en discusión la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos y reivindicó a las víctimas de las organizaciones armadas de los años 70. En aquel mensaje tuvo un rol destacado el politólogo Agustín Laje, referente intelectual del espacio libertario.
La “memoria completa” como eje de la narrativa oficial
El núcleo del planteo de La Libertad Avanza es presentar los años 70 como una “guerra” entre el Estado y las organizaciones guerrilleras, y señalar que los gobiernos democráticos habrían privilegiado solo una parte del relato histórico. Bajo esa premisa, el oficialismo sostiene que su aporte es ofrecer una visión que incluya a las víctimas de las organizaciones armadas y a miembros de las fuerzas de seguridad atacados por esos grupos.
Esta mirada es sostenida públicamente por Milei desde antes de su desembarco en la política partidaria. Su postura se vio reforzada con el ingreso al Congreso junto a Victoria Villarruel, hoy vicepresidenta y presidenta del Senado, hija de un militar veterano de la guerra de Malvinas y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización que impulsa el reconocimiento a víctimas civiles de organizaciones armadas de izquierda.
En 2023, Villarruel protagonizó una fuerte polémica al encabezar en la Legislatura porteña un acto de homenaje a víctimas de ERP y Montoneros, diferenciando esos crímenes de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. Milei respaldó esa iniciativa y la tomó como uno de los símbolos de su agenda de “revisión” del consenso de derechos humanos construido desde 1983.
Medidas oficiales y tensión con organismos de derechos humanos
En paralelo a la disputa discursiva, el Gobierno avanzó con decisiones concretas que modifican el entramado institucional ligado a las políticas de memoria, verdad y justicia. Entre ellas, la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, lo que implicó una reducción significativa de su estructura operativa y de su planta de personal.
Otro punto de fricción se produjo cuando, en mayo de 2024, el Ministerio de Seguridad –entonces a cargo de Patricia Bullrich– rechazó responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo clave en investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
En agosto de ese mismo año, el Ejecutivo dispuso por decreto el cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI), que funcionaba dentro de la CONADI analizando documentación vinculada a casos de apropiaciones, y luego recortó el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta central en la búsqueda de identidad de personas nacidas en cautiverio.
Marchas, seguridad y una agenda que promete continuar
Desde la Casa Rosada se admite que las movilizaciones del 24 de marzo seguirán siendo masivas, pero se descarta que eso altere el rumbo de la estrategia oficial. La consigna, explican, es garantizar condiciones de seguridad sin montar operativos que puedan interpretarse como una “provocación” a los manifestantes.
En las últimas conmemoraciones, las marchas por “Memoria, Verdad y Justicia” se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes graves en el centro porteño. Sin embargo, el clima político se mantiene tenso, con organismos de derechos humanos, sindicatos y sectores de la oposición denunciando un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de recortar políticas reparatorias vigentes desde hace décadas.
La discusión sobre memoria y derechos humanos se consolidó como uno de los ejes más sensibles de la agenda pública argentina, y el 24 de marzo vuelve a convertirse en el escenario principal de esa disputa.
Mientras el Gobierno insiste en instalar la consigna de la “memoria completa”, los organismos y gran parte del arco político y social reivindican la consigna histórica de “Memoria, Verdad y Justicia”, con el foco puesto en los crímenes cometidos por el Estado y la vigencia de los juicios de lesa humanidad. El debate, lejos de cerrarse, se profundiza año tras año.
